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ANUAL DE LABORES
Mensaje del representante del Poder Judicial de la Federación
Ministro Mariano Azuela Güitrón
2003.
Honorables Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal:
La fracción XI del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala como una de las atribuciones del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rendir ante los Ministros y los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, al finalizar el segundo período de sesiones de cada año, “el informe de labores del Poder Judicial de la Federación”. Si se considera, además, lo previsto en los artículos 6°, última parte y 39 de la Constitución, en el sentido de que “el derecho de la información será garantizado por el Estado” y de que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste” debe inferirse que no se trata del simple cumplimiento de un rito formal sino de la ejecución de un deber que radica, en esencia, en hacer del conocimiento público la forma como se ha cumplido con la responsabilidad que señalan la Constitución y las leyes. Esto implica, necesariamente, una gran motivación desde el inicio del periodo sobre el que debe informarse, para responder a las expectativas de los gobernados.
Al asumir la representación que ostento afirmé que el fin esencial del Poder Judicial de la Federación puede expresarse en una sencilla fórmula: tramitar y resolver “pronto y bien” los asuntos de su competencia. En realidad no es sino la traducción simplificada de lo consignado en el artículo 17 de la Constitución en cuanto a que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. También dije que ese objetivo debe añadirse el consistente en que todas las personas que en ello participan tengan responsabilidad plena sustentada en la honestidad invulnerable y en la excelencia profesional.
Puse énfasis de modo similar, en que el Poder Judicial de la Federación, debe crearse un ambiente propicio para que las personas que en él laboran puedan desarrollarse de acuerdo con sus naturales requerimientos.
Cumplir con esos objetivos, a través de variados medios, fue la tarea realizada que se presenta en detalle en el volumen que se les ha entregado y del que sólo se destacarán algunos aspectos fundamentales.
Para lograr juzgadores con el perfil al que se aspira y desahogar el trabajo con oportunidad y calidad, se necesita limitar los ingresos a la capacidad de despacho; fortalecer y mantener actualizada la formación de aquéllos y de sus colaboradores profesionales y administrativos; contar con una organización eficaz y eficiente y disponer de instalaciones, equipos y materiales adecuados.
El artículo 17 constitucional previene que el servicio de los tribunales será gratuito, lo que propicia acudir a ellos, multiplicando permanentemente el volumen de ingreso y el costo de que ello representa, lo que sólo puede afrontarse con aprobación de los presupuestos que con autonomía e independencia formula el Poder Judicial. Si ello no se logra, el resultado parece obvio: el recargo de trabajo, que rápidamente se transforma en rezago y en disminución de calidad, generando, además, fenómenos como el natural disgusto popular y la multiplicación de las críticas y quejas por lentitud y deficiencia.
Debe considerarse que la función del Juez, de gran nobleza al decidir a quién asiste el derecho, definiendo la controversia, es especialmente compleja y está sujeta no sólo a los argumentos ingeniosamente planteados por las partes, sino a presiones de toda índole, lo que obliga a otorgar remuneraciones dignas y seguridad en el cargo que garanticen su imparcialidad en el presente y en el futuro. La carrera judicial que dé estabilidad y un régimen de jubilaciones que contribuya a ello resultan indispensables.
Para alcanzar comprensión comunitaria en el desempeño del Poder Judicial de la Federación debe cumplirse una finalidad complementaria, construir la “cultura jurisdiccional” consistente en el establecimiento social de pautas internas y externas de comportamiento, que lleven a reconocer la dignidad de los juzgadores y la complejidad de su tarea, así como aceptar anticipadamente sus decisiones definitivas, aunque puedan resultar desfavorables.
Tampoco puede olvidarse al evaluar la actuación del Poder Judicial de la Federación que, constitucionalmente, se le sujeta a decisiones de los otros Poderes sin posibilidad jurídica de controversias. Su presupuesto depende de la aprobación de la Cámara de Diputados; carece de facultad de iniciativa de reformas constitucionales y legales en materias vinculadas con sus funciones, con lo que está impedido para lograr cambios que la experiencia cotidiana demuestra que resultan necesarios o convenientes. En este sentido, los hechos demuestran que importantes trabajos, realizados con inversión de mucho tiempo y recursos, quedaron en meras intenciones de apoyo.
No obstante los anteriores condicionamientos, debe siempre considerarse que el más Alto Tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal deben diseñar las estrategias tendentes a mantener la fluidez en cuanto al despacho de asuntos y asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo de las labores jurisdiccionales. Ello supone erigir un ambiente propicio en el que todo servidor público judicial, con independencia del cargo que tenga, goce de estabilidad y de los recursos necesarios para llevar a buen fin su cometido. Dentro de este contexto procede aproximarse a lo realizado.
La Suprema Corte responde cada vez con mayor nitidez a las notas distintivas de un Tribunal Constitucional. Su trabajo se ha concentrado en la resolución de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y revisiones en asuntos de importancia y trascendencia por referirse a cuestiones de constitucionalidad de leyes o de interpretación directa de un precepto de la Constitución. También es significativa su participación en la decisión de contradicciones de tesis que permiten fijar el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia obligatoria y de asuntos de diversa naturaleza, cuyas características le permiten ejercer la facultad de atracción. Cuestiones de especial gravedad como los incidentes de inejecución de sentencias ocupan de manera prioritaria su atención, obligando al Pleno a proceder con especial cautela a fin de no incurrir en injusticias y errores irreparables. Este trabajo se evidenció en el desahogo de 7,807 asuntos por el Pleno y sus dos Salas, quedando pendientes 1,057 asuntos de 8,275 que ingresaron y de 589 que no se habían resuelto al iniciar el período.
Las consideraciones en que se sustentaron las sentencias pronunciadas dieron lugar a importantes jurisprudencias y tesis aisladas que con oportunidad fueron ampliamente difundidas y comentadas. En el documento que se ha entregado se destacan, ejemplificativamente, las de mayor impacto.
I. 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
El Presidente de la Suprema Corte es responsable de su administración. Sin embargo la mayoría de los integrantes del Pleno consideraron que la parte final del último párrafo del artículo 100 de la Constitución que así lo establece, debía interpretarse en el sentido de una Presidencia compartida en la que el Pleno, directamente o a través de los Comités de Ministros, debía tomar decisiones y vigilar su exacto cumplimiento. Finalmente, es irrebatible que el Pleno designa al Presidente y que éste tiene igualdad frente a cada uno de sus pares y que todos ellos reunidos e incluso sólo la mayoría, pueden condicionarlo. Estas ideas prevalecieron en el Acuerdo Plenario 2/2003 que creó los Comités de “Gobierno y Administración”, de “Programación y Agilización de Asuntos”, de “Acuerdos y Reglamentos”, de “Biblioteca, Archivo e Informática”, de “Desarrollo Humano, Salud y Acción Social”, de “Relaciones Públicas, Nacionales e Internacionales”, de “Publicaciones y Promoción Educativa” y de “Comunicación Social”. Posteriormente se creó la “Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”. En cada uno participan el Presidente y dos Ministros. El sistema ha funcionado eficazmente, logrando el equilibrio en las decisiones sin detrimento de su agilidad.
Tarea prioritaria en el fortalecimiento de la Suprema Corte es la unidad. En primer lugar, la forjada entre sus miembros, obtenida en buena parte por un desayuno semanal de comunicación e integración que se celebra con perseverancia. Para dar fuerza a la unidad del Poder Judicial de la Federación se han multiplicado las reuniones entre los miembros de sus distintos órganos procurando recalcar la tarea común en áreas diferentes. Respecto del pasado se ha rescatado la idea de que lo institucional va más allá de las personas que en un momento histórico pertenecieron o pertenecen a la Suprema Corte, reconociendo y reafirmando la convicción de que la institución es producto a través de la historia y bajo condiciones diversas fueron aportando quienes formaron parte de ella. El acercamiento concreto entre quienes ahora integramos la Suprema Corte y los que lo hicieron en el pasado, se ha vivificado de diversos modos lo que ha permitido hacer patente la gratitud de los actuales Ministros a sus antecesores. En la misma dirección de respeto institucional se hizo un reconocimiento al Maestro de Derecho Constitucional Miguel De la Madrid Hurtado, Titular del Ejecutivo Federal de 1982 a 1988, por el singular apoyo que otorgó al Poder Judicial de la Federación, poniendo de relieve de manera objetiva los datos históricos que lo demuestran.
Prueba significativa del valor de lo institucional radica en que si en este año se ha avanzado, ello se debe a lo fructífero de las Presidencias de mis antecesores José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel, como se encuentra claramente simbolizado en la remodelación de esta sede principal de la Suprema Corte, en la que se continúa avanzando y en la conclusión de los inmuebles de Bucareli, sede del Instituto Federal de Defensoría Pública y de Bolívar y 16 de Septiembre, anexo para oficinas administrativas, que al iniciar el año tenían más del 85% de avance y que se concluyeron.
Al inicio del año se llevó a cabo una importante reestructuración administrativa para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros, buscando priorizar el respeto a los derechos de los trabajadores. Se regresó al esquema de eficacia probada de una Oficialía Mayor de la que dependen la Secretaría Técnico Jurídica, la Secretaría de Administración y la Secretaría de Servicios al Trabajo y a Bienes. Subordinadas a ellas se encuentran las Direcciones Generales, de acuerdo con la naturaleza de sus atribuciones y buscando una distribución equilibrada de mandos. Se creó un programa de certificación de competencias laborales y de gestión para contar con el personal que posea las habilidades idóneas en los diferentes niveles y puestos a efecto de elevar y mejorar la productividad dentro de las unidades administrativas. Se introdujo un sistema de gestión de calidad, actualizando y sensibilizando al personal para el empleo de los manuales de organización y procedimientos a fin de operar de manera óptima el sistema. Se creó la Contraloría como órgano autónomo, formalizando sus funciones de control y vigilancia administrativa. También se han mejorado y multiplicado los inmuebles de las Casas de la Cultura Jurídica en los lugares en que funcionan órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, para cumplir con la obligación de la Suprema Corte de custodiar y manejar los archivos del Poder Judicial de la Federación, dándoles una proyección más importante a favor de la difusión de la cultura jurídica y jurisdiccional y de acciones de servicio a la comunidad.
Se preparó un proyecto de Reglamento Interior de Trabajo de la Suprema Corte.
Para responder a compromisos internacionales y, principalmente, contribuir a la reflexión sobre el tema y motivar el fortalecimiento y mejoramiento de la conducta del juzgador, ganando legitimidad ante los justiciables, se preparó, en coordinación con el Consejo de la Judicatura Federal, un anteproyecto de “Código de Etica para el Poder Judicial de la Federación” y un programa de análisis del mismo como mecanismo que involucre a sus destinatarios pues, finalmente, de poco o nada servirá un magnífico documento si no trasciende a su cotidiana vivencia.
Preocupados por las dificultades que afronta el Poder Judicial de la Federación, los Poderes Judiciales locales y demás órganos que imparten justicia y considerando las críticas que se les hacen, con el deseo de propiciar un diálogo serio y científico que permita arribar a soluciones adecuadas, con participación directa de quienes tendrán que aplicarlas, el Pleno de la Suprema Corte lanzó una convocatoria para una Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano. En el procedimiento ideado se buscará cubrir diversas etapas que culminen con un sólido trabajo que contenga las diferentes aportaciones, el análisis de sus ventajas e inconvenientes, así como los pasos que deben darse para encontrar respuestas a los cuestionamientos que se formulen. Esta convocatoria se hizo con absoluto respeto a los Poderes Ejecutivo y Legislativo y, como corresponde, se acudirá a ellos para hacerles llegar las iniciativas de su competencia.
Se integraron, con toda oportunidad, las listas de asuntos para sesión, organizando su orden de presentación atendiendo simultáneamente a la prontitud en el despacho y a la calidad en las resoluciones. Desafortunadamente la complejidad de los asuntos dificultó alcanzar estos propósitos en forma generalizada, e impidió cumplir con el plan de terminar el año sin asuntos pendientes de resolución que hubieran ingresado con anterioridad a 2003, lo que se convierte en un reto para el próximo. Además, la carga de trabajo heredada para 2004 se duplicó respecto de la recibida para este año. Aunque podrían darse explicaciones el retraso resulta injustificado y obliga a priorizar el estudio de los asuntos rezagados, a intensificar el esfuerzo para que éstos no se multipliquen y a encontrar fórmulas de distribución para que las resoluciones se dicten con la oportunidad que manda la Constitución.
Por otro lado, se ha instrumentado un sistema debidamente probado que permite que la Subsecretaría General de Acuerdos prepare diariamente los relativos a las promociones que se presentan, los cuales son firmados al día siguiente y oportunamente notificados . Al veintiocho de noviembre se dictaron 26,116 acuerdos y se giraron 62,611 oficios.
Preocupación fundamental de diferentes áreas de apoyo fue contribuir a la formación del personal profesional, no sólo de la Suprema Corte, sino de todo el Poder Judicial de la Federación. Entre las acciones emprendidas pueden destacarse eventos jurídicos, de cultura general y de informática; cursos de retórica y argumentación jurídica, capacitación en el manejo de discos compactos, producción de una gran variedad de publicaciones, video-conferencias difundidas en toda la República a través de las Casas de la Cultura Jurídica y de las extensiones del Instituto de la Judicatura Federal. En este campo se organizó la Segunda Feria Internacional del Libro Jurídico, desarrollando durante una semana jornadas culturales con prestigiados expositores nacionales y extranjeros, logrando un gran éxito. Como testimonio de unidad con el Congreso de la Judicatura se inició un programa que recorrerá toda la República, con participación de Ministros y Consejeros.
Se creó la Unidad de Crónicas como órgano especializado en la elaboración de las del Pleno y de las Salas y de eventos relevantes.
Atendiendo a la necesidad de difundir la auténtica imagen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convocó a un concurso de guiones técnicos y literarios para elaborar videos que hagan accesibles los temas sobre este Alto Tribunal. La generalización de la informática ha obligado a multiplicar la presentación editorial en discos compactos. El Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta continuó su tradición de muchos años de publicarse y difundirse oportunamente, como lo establece la ley, en forma impresa y discos compactos. Se inicio la publicación de la serie “Decisiones relevantes de la Suprema Corte”.
Se creó la Dirección General de Planeación de lo Jurídico con el propósito de instrumentar mecanismos para introducir la cultura de la planeación estratégica como concepto y forma de trabajo, a través de los lineamientos de un plan rector con metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, por conducto de la Dirección de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales, se fortalecen los vínculos y la presencia de este Supremo Tribunal a nivel nacional e internacional.
En julio de 2003 entró a funcionar el Centro Archivístico Nacional en Lerma, Estado de México, con la finalidad de conservar los expedientes en mejores condiciones y bajo técnicas archivísticas homogéneas. El trabajo de transferencia a imagen digital de los expedientes que integran el Archivo del Poder Judicial de la Federación, de 1825 a la fecha, para permitir su consulta a través de la Red Jurídica e Internet, fortalece la actitud de transparencia con la que se conduce el Poder judicial. El trabajo realizado comprende 6,227 metros lineales, a saber, 103 millones de imágenes digitales, lo que convierte al Archivo de la Suprema Corte en el más grande de América.
El Sistema Bibliotecario de la Suprema Corte comprende la Biblioteca Central y treinta y cinco bibliotecas en el área metropolitana y en las Casas de la Cultura Jurídica de toda la República.
Con el interés de enriquecerse con las experiencias ajenas y de compartir las propias, continuaron las relaciones nacionales e internacionales. Se celebraron convenios de apoyo recíproco con el Senado de la República, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez.
En el campo internacional se participó en tres reuniones preparatorias de la VIII Cumbre y del IV Encuentro de Consejos de la Judicatura, en Bolivia, República Dominicana y Colombia. Nuestro país coordina los trabajos sobre “Etica Judicial”, “La Aplicación de los Tratados Internacionales”, “El Poder Judicial y los Tribunales Supranacionales”, así como el tema “El Impacto de la Globalización y la Seguridad Jurídica”.
Se atendieron visitantes de diversas naciones y se participó en foros nacionales e internacionales.
En el campo del desarrollo humano de los trabajadores se han realizado actividades diversas, como otorgamiento de becas, cursos de capacitación, giras turísticas, ciclos cinematográficos, atención a niños, programas vacacionales, aplicación de vacunas, orientación y entrevistas a padres de familia, servicio médico, contratación de diversos seguros. Se tiene contemplado un programa ambicioso que en sus primeras etapas, y en forma parcial, se ha iniciado, de apoyo a todos los trabajadores jubilados del Poder Judicial. En la actualidad se aprovechan las instalaciones de las Casas de la Cultura Jurídica.
Para contribuir al proyecto de creación de cultura jurisdiccional en la comunidad, se han desarrollado cinco programas: “Conociendo al Poder Judicial de la Federación”; “La Universidad visita la Corte”; “La Justicia va a la Escuela”; “La Justicia sale a escena” y “Contacto Universitario”, dirigidos a estudiantes de diferentes niveles educativos.
Preocupación fundamental de la Suprema Corte es la transparencia. Paradójicamente, la aparición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no sólo generó multiplicación de trabajo, sino que restringió la apertura con la que se había desempeñado, por ejemplo, al señalarse, en el artículo 14, fracción IV de dicha Ley, que los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, se considerarán información reservada, lo que también se determina en la fracción VI, en cuanto a la información que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva. Con estas limitaciones, la Dirección General de Comunicación Social, la Dirección General de Difusión y la Dirección General de Planeación de lo Jurídico se esfuerzan por transparentar nuestro trabajo. De acuerdo con instrucciones del Comité respectivo, la Dirección General de Informática hace estudios técnicos a fin de llevar a la página de Internet de la Suprema Corte toda la información que se produzca, con las únicas limitaciones impuestas por la propia ley.
Se emitió el Acuerdo General Plenario 9/2003 y los Lineamientos correspondientes, con el objeto de que los gobernados pudieran acceder a la información generada por este Máximo Tribunal y, para este efecto, se formaron la Unidad de Enlace, el Comité de Acceso de la información y la Comisión para la Transparencia y Acceso a la información. Por lo que hace al servicio de consulta y acceso a la información, se atendieron 7,391 usuarios.
El treinta de noviembre concluyeron como Ministros en activo José Vicente Aguinaco Alemán y Juventino V. Castro y Castro a quienes, en ceremonia de despedida, rendimos homenaje y expresamos nuestra gratitud institucional y personal. La huella que dejaron es ya imborrable y enriquece el historial de la Suprema Corte. Tenemos la certeza de que el Ejecutivo Federal realizó, con toda oportunidad, el análisis de un gran número de aspirantes y presentó al Senado de la República dos ternas que revelaron la aplicación de criterios objetivos de selección como la equidad de género, el conocimiento de la función jurisdiccional y el prestigio profesional derivado claramente de la actividad académica y de la obra jurídica realizada. Para satisfacción de quienes impartimos justicia, cinco de los propuestos inicialmente desempeñan esa actividad y el restante también la realizó.
El Senado de la República procedió de manera análoga y, previa comparecencia de los propuestos, designó al Doctor José Ramón Cossío Díaz, lo que fue aplaudido en forma generalizada. En cuanto a la otra terna sólo se exteriorizaron elogios para quienes lo integraban aunque, paradójicamente, no se alcanzó para ninguno la votación especial requerida, debiéndose presentar una nueva terna. Confiamos en que la designación se haga a la brevedad posible pues la ausencia de un miembro de la Suprema Corte altera su desempeño.
II.- CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Para cumplir con sus complejas y amplias atribuciones, los Consejeros integran seis Comisiones: de Administración; Carrera Judicial; Disciplina; Creación de Nuevos Organos; Adscripción; y Vigilancia, Información y Evaluación. Cada Comisión la forman tres Consejeros, presidiéndola uno de ellos. Las cuestiones de especial trascendencia se reservan al Pleno, presidido por el Presidente de la Suprema Corte y del propio Consejo.
Con el propósito de reafirmar la confianza y reconocimiento a Magistrados y Jueces se ajustaron remuneraciones a fin de que los funcionarios de las áreas administrativas del Consejo, no tuvieran retribuciones más altas que las percibidas por aquéllos. Con el mismo propósito la mayoría de los Magistrados que desempeñaban funciones administrativas se reintegraron a sus cargos. Para buscar un mayor acercamiento con los titulares de los órganos jurisdiccionales y con el personal que los auxilia, se distribuyeron los Tribunales y Juzgados entre los Consejeros e iniciaron las visitas correspondientes con magníficos resultados: no sólo estrecharon lazos de comprensión sino que se informaron directamente de diversos tipos de necesidades que canalizaron a las áreas respectivas. También la Presidencia completa este programa con breves visitas de motivación al personal de cada órgano.
Con base en la filosofía de partir de la confianza y dejar como excepción la desconfianza, cuando haya datos que lo ameriten, se modificó sustancialmente la Visitaduría Judicial, estableciendo Visitadores A y Visitadores B. Los primeros realizan, fundamentalmente, las visitas extraordinarias, mientras que los segundos efectúan las ordinarias, en sus modalidades de visita física y virtual (informes circunstanciados que rinden los titulares de los órganos). Los visitadores B surgieron de un curso y de un concurso de oposición que se encargó al Instituto de la Judicatura Federal, tratándose en consecuencia de profesionales especialmente preparados y dedicados a su tarea, quienes tienen como norma fundamental el respeto a Magistrados y Jueces. Las visitas ordinarias se realizan mediante formatos simplificados que permiten detectar irregularidades, lo que las ha hecho más simples y menos gravosas para los visitadores.
El Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, es un programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de asuntos del conocimiento de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Es una herramienta fundamental como apoyo en la toma de decisiones del Consejo de la Judicatura Federal y útil para el control de los expedientes de los propios órganos jurisdiccionales.
A través del Sistema, es posible 1.- Conocer cada tipo de asunto judicial desde que ingresa a los órganos jurisdiccionales; 2.- Identificar las cargas de trabajo, por Circuito y por órgano jurisdiccional, así como los tiempos de resolución de cada juicio o procedimiento judicial federal; 3.- Saber la capacidad de cada Tribunal de Circuito o Juzgado de Distrito, para hacer frente a los ingresos; y 4.- Consultar las listas de Síntesis acuerdos publicadas vía internet.
Por otra parte, existen como objetivos próximos a instrumentarse, entre otros:
1.- Capturar el texto de diversas sentencias que emitan los órgano jurisdiccionales; 2.- Incorporar las Oficinas de Correspondencia Común a efecto de conocer un asunto desde que es presentado ante el Poder Judicial de la Federación; y 3.- Implementar el registro de control de asistencia de los procesados en libertad provisional, mediante el sistema biométrico digital.
Ejemplo de la eficacia de este mecanismo son los siguientes datos generales:
Al treinta de noviembre del año en curso se encontraban en trámite 113,759 juicios y procedimientos federales en los 549 Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que integran los 29 circuitos en que se divide el país, cuya media nacional equivale aproximadamente a 207 asuntos por órgano jurisdiccional, sin tomar en consideración la especialización de algunos de ellos. El manejo de estos datos permite apreciar que al cierre estadístico del 2002 existían 92,576 juicios y procedimientos federales en los órganos jurisdiccionales federales en todo el país, que sumados a 635,380 que ingresaron en el actual período estadístico, arroja un total de 727,956, de los cuales 614,197 ya han sido resueltos.
Por otra parte, existen 12 Juzgados de Distrito y 6 Tribunales Colegiados de Circuito pendientes de instalar y por las cifras anteriores y las detalladas que las complementan, será necesario autorizar y poner a funcionar muchos más, si se quiere respetar la garantía de justicia pronta y completa que establece la Constitución.
A los elementos cuantitativos deben añadirse los cualitativos, derivados del contenido de las sentencias, de las jurisprudencias y tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que se envían para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y de las quejas administrativas y denuncias que se formulan. Del análisis de los mismos se puede alcanzar una visión de los integrantes de todos los órganos del Poder Judicial de la Federación. Tratando de simplificar, he llegado a la convicción de que la gran mayoría de Magistrados y Jueces se caracterizan por un celoso cumplimiento de su responsabilidad, lo cual reflejan en asistencia puntual a sus labores, en su esmerada atención a los asuntos que se les turnan; y, a aquellos que deben intervenir, cuando integran órganos colegiados, procurando desahogarlos dentro del plazo legal, con calidad jurídica, de acuerdo con la importancia de cada caso y al volumen de ingreso, buscando siempre equilibrio entre la cantidad y la excelencia. De ellos puede distinguirse una parte que lleva su sentido de responsabilidad a grado de excelsitud, configurando lo que me atrevería a calificar como “ascética judicial”. El mundo de lo jurídico, en torno a los casos que deben resolver, llena sus expectativas y gozan con ello. El retraso en el despacho los angustia y tratan de evitarlo. Sufren cuando en un órgano colegiado sus compañeros carecen de sus atributos. Aunque tal forma de vida no es la deseable, pues los Magistrados y Jueces, como seres humanos, tienen deberes familiares y el derecho de gozar de tiempo libre para otras actividades, la Institución no puede menos que reconocer su entrega. Además debe reflexionarse en que ello se origina en cargas excesivas de trabajo derivadas de un número limitado de órganos jurisdiccionales ocasionado por un presupuesto insuficiente autorizado, muy inferior al proyecto equilibrado que se solicita.
Desafortunadamente también se advierte otra minoría que tiene descuidos en diferentes grados, lo que se detecta en la Comisión de Disciplina. Aunque en este terreno lo ideal sería la ausencia de irregularidades, lo cierto es que las mismas existen y en esa proporción preocupan. Tomando en cuenta el volumen de asuntos que se manejan, los datos sobre quejas administrativas y denuncias que culminan con resoluciones del Pleno del Consejo, que impone sanciones, resultan insignificantes. Lo anterior queda claramente ilustrado con los siguientes datos. Al iniciar el año existían pendientes de resolución 214 asuntos. Al principio de noviembre ingresaron 763. Se resolvieron 876, con lo que quedaban pendientes 101.
De los asuntos resueltos 45 quejas y 21 denuncias se declararon fundadas. En 5 se decidió la destitución, en 1 la inhabilitación, en 5 se impuso una suspensión, en 49 apercibimiento privado y en los demás apercibimiento público, amonestación privada y amonestación pública. En cuanto a las quejas declaradas improcedentes por cuestionarse los argumentos jurídicos en que se sustentó una sentencia, debe destacarse, por una parte, que se trata de pronunciamientos de órganos jurisdiccionales, en muchos casos de carácter terminal, que resultan ajenos a las funciones del Consejo de la Judicatura; y, por otra, que no faltan los casos en que los planteamientos de los formulantes y el análisis de la sentencia relativa, que no puede evitarse, deja la preocupación de si el estudio obedeció o no a un examen capaz y suficiente que debe caracterizar las sentencias emitidas por Jueces y Magistrados, seleccionados por poseer el perfil idóneo para actuar en esa forma. Lógicamente si se advierten errores judiciales susceptibles de distinguirse del criterio jurídico adoptado, son materia de seguimiento a fin de contribuir de algún modo a evitarlos.
El Instituto de la Judicatura Federal cumple una importante función, desde la preparación y selección de Jueces y Magistrados, a través de los variados cursos que se imparten en donde la excelencia profesional teórico-práctica y los principios de ética judicial constituyen la parte central. Actualmente se diseña un curso de “reciclaje” para Magistrados de muchos años de antigüedad, que los fortalezca y motive a que el entusiasmo y alegría inicial en el ejercicio de la función reaparezca y se complemente con la experiencia y calidad profesional adquirida a través de ella.
El aumento en el ingreso de asuntos obligó a crear y poner a funcionar 80 órganos; además se encuentran creados y pendientes de instalar 17 más. No puede perderse de vista que el intenso crecimiento del Poder Judicial de la Federación es efecto directo de un sistema constitucional que propicia, necesariamente, que un número significativo de todas las controversias que se suscitan en la República concluyan en sus órganos. De no darse la multiplicación de éstos en los sitios que se requiera, se caería en la dilación en la tramitación y solución de los asuntos y en la disminución de su calidad jurídica. Cantidad excesiva de cargas de trabajo es incompatible con la calidad de las sentencias. Es obvio que esta situación genera problemas de instalaciones, equipo, materiales y, fundamentalmente, personas capacitadas profesional y administrativamente. Lo anterior explica que anualmente tenga que presentarse un presupuesto con los aumentos derivados de esta situación. Recortarlo implica dificultar o impedir el crecimiento requerido.
Por otra parte, los Juzgados Itinerantes permitieron adquirir una experiencia inicial directa en la función a los últimos Jueces de Distrito que triunfaron en el concurso de oposición. La experiencia fue fructífera y permitió, con bajo costo, cumplir con sus objetivos.
El crecimiento de las instalaciones del Poder Judicial, tanto para mejorar su calidad propiciando un mejor desempeño, como para hacer frente a la creación de nuevos órganos, dio lugar a 9 Palacios de Justicia. Además se encuentra en proceso de remodelación uno más y 4 están por iniciarse.
El aspecto de desarrollo humano, no sólo de Magistrados y Jueces sino de todo el personal administrativo y de los jubilados, se cuida de modo especial a través de un número importante de cursos especialmente diseñados para el apoyo profesional y para la adquisición de aptitudes.
La transparencia ha sido motivo de especial atención y se ha tenido que manejar con delicadeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal debe respetar celosamente la autonomía e independencia de Magistrados y Jueces. Por ello se les invitó a dar la información que juzgaran pertinente, con las limitaciones expresamente establecidas en la Ley, de los asuntos de sus respectivos órganos, ofreciéndoles apoyo de la Dirección General de Comunicación Social.
Además, en un esfuerzo por acercar a la sociedad la posibilidad de acceder de fácil manera a la información pública que se origina en el Poder Judicial de la Federación, en el ámbito de la competencia del Consejo de la Judicatura Federal, se instalaron en las oficinas de administración regional, sesenta y un módulos de acceso a la información, distribuidos en los veintinueve Circuitos en los que la justicia federal tiene presencia, se formó también una Comisión de Consejeros, un Comité y la Unidad de Enlace, para dar presta atención a los requerimientos en materia de transparencia que llegaran a presentarse a partir de esa fecha.
El 30 de noviembre, después de haber aportado su conocimiento y experiencia, se despidió al Consejero Manuel Barquín Alvarez quién concluyó con su encargo.
II 1 INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA
Con instalaciones inauguradas recientemente, este órgano del Poder Judicial de la Federación, ha realizado un fecundo trabajo con la autonomía de su naturaleza.
Considerando que a nadie se debe marginar en la impartición de justicia por motivos económicos o de otra índole, el Instituto Federal de Defensoría Pública ejerció sus atribuciones con estricto apego a derecho como una respuesta institucional del Poder Judicial de la Federación a la crítica de que la justicia es exclusiva de las personas con vastos recursos económicos.
II 2 INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES
Cada vez es más perceptible el alcance de las funciones del Instituto, al que le corresponde la difusión de la cultura concursal y la administración de un registro de especialistas que auxilien a los órganos jurisdiccionales a tramitar procesos de concurso mercantil.
En cumplimiento de dichas atribuciones, el Instituto integró un registro que cuenta con 132 especialistas – expertos en materias financiera, contable y de administración – que cubren 219 funciones: 87 de visitadores, 70 de conciliadores y 62 de síndicos.
En cuanto a la promoción de la cultura concursal, celebró convenios de cooperación con 25 Colegios de Contadores Públicos; ha estado presente en eventos académicos y de difusión, y ha llevado información a 600 personas. Asimismo, ha hecho de su sitio en internet su medio de comunicación oficial, el cual es visitado por 275 personas al día, en promedio.
III.- TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
En el año de 1996, por reforma constitucional, este órgano judicial se incorporó al Poder Judicial de la Federación. El Pleno de la Suprema Corte se vio involucrado en su integración al ser ahora su facultad presentar al Senado de la República proposiciones de Magistrados para su designación. El riguroso proceso de selección implicó integrar personas que colegiadamente aportan experiencia en la impartición de justicia y amplio conocimiento del derecho electoral y que su desvinculación de partidos políticos fuera sólido sustento de la imparcialidad en su actuación. Haber participado en ese proceso es motivo de orgullo de los Ministros de la Suprema Corte que, lógicamente, seguimos con especial interés la actuación de quienes fueron seleccionados entre los que propusimos. Su delicada labor adquiere mayor significación pues sus decisiones no sólo deben tomarse con rapidez, sino que siempre están sujetas a la fácil crítica derivada de la contienda política que propicia que las resoluciones favorables se vean con absoluta naturalidad por la convicción de haber triunfado y las desfavorables difícilmente sean aceptadas como expresión de la objetividad e imparcialidad con la que el Tribunal actúa y que en algunas ocasiones se certifica con votaciones mayoritarias apretadas que revelan la riqueza argumentativa de los problemas controvertidos. En esa actuación, que busca el imperio del derecho en las lides políticas, se encuentra paradójicamente la fortaleza y debilidad del Tribunal. El Poder Reformador de la Constitución y los cuerpos legislativos deberán ser especialmente escrupulosos en reformas que consideren necesarias, buscando siempre el equilibrio que garantice un recto sistema de justicia electoral con avances y sin retrocesos que podrían derivar de visiones partidistas apasionadas. Su labor jurídica ha sido ampliamente difundida y criterios relevantes ejemplificativos se destacan en el documento entregado.
HONORABLES PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
Ha transcurrido un año más de vida de esta Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal y, en general, del Poder Judicial de la Federación. Los retos superados han sido pocos, en comparación con los que se avecinan. No obstante, ha quedado clara constancia de que el trabajo en equipo, donde no falte la probidad ni el compromiso, en la fórmula que nos conviene para lograr con éxito lo que nos propongamos.
Principio imprescindible para lograr una sociedad en la que reinen la armonía y la paz es el respeto al Estado de Derecho. El progreso auténtico sólo puede lograrse cuando se cumple lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. Parte importante de esta forma de proceder, cuando se producen conflictos que deben resolverse en los tribunales, es el final acatamiento a sus resoluciones definitivas, como deriva del artículo 17 constitucional, que previene de manera precisa que “las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garanticen la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones”. A los jueces nos toca velar porque éstas se dicten oportunamente y respondan con fidelidad al análisis exhaustivo de las constancias de autos, de las disposiciones jurídicas aplicables, de las jurisprudencias y tesis relacionadas y de los elementos doctrinales que permitan esclarecer los problemas que deban abordarse, realizando todo ello, no con el automatismo de una computadora, sino con la sensibilidad del ser humano que hace de su práctica cotidiana la impartición de justicia, que lo impulsa siempre a desentrañar la verdad material, aprovechando la técnica, abandonando rigorismos deshumanizantes. Tarea de singular nobleza que obliga a realizarla permanentemente, con independencia de quienes buscan presionarlos por los medios más diversos para inclinar la decisión en un sentido. Saber oír a todos, conocer opiniones de tratadistas, escritores y periodistas, favorecerá siempre la decisión objetiva pero nunca hará depender de ello la inclinación de la balanza. Cumplir los jueces con su cometido sin triunfalismos y con humildad es resultado normal de una función en la que lo controversial de la mayoría de las cuestiones jurídicas se revela claramente en las votaciones divididas de los órganos colegiados. Ello da valor por sí sólo a las opiniones divergentes, en sí mismas dignas de atención y reconocimiento.
La Suprema Corte de Justicia, por la naturaleza de sus funciones, debe realizar su trabajo con discreción y respeto absoluto a justiciables, litigantes, autoridades, académicos y analistas que la juzgan, sin buscar aplausos y alabanzas que podrían desequilibrarla. Sin embargo, no puede desconocerse que se ha convertido en protagonista político al decidir conflictos trascendentes entre Poderes y planteamientos de inconstitucionalidad de leyes de todo tipo. Al respecto, no se puede perder de vista que el papel político que debe desempeñar radica en salvaguardar el orden constitucional, con el testimonio de ser la primera en someterse al mismo. La Corte no puede ignorar que con esa calidad sus actos y determinaciones estarán sujetos a variadas interpretaciones y que ello no debe afectar en absoluto la buena fe y rectitud de intención con la que invariablemente debe proceder.
Ministros y Consejeros agradecemos a los demás miembros del Poder Judicial de la Federación el esfuerzo realizado y el fruto obtenido.
A mi compañera Ministra y compañeros Ministros les reitero mi sincero agradecimiento por la confianza que me brindaron al designarme su representante. Espero haber sido y seguir siendo un factor importante para satisfacer, en la medida de lo posible, las expectativas que abrigaron al momento de tomar su decisión quienes me favorecieron con su voto y las de quienes consideraron que otra persona sería la más indicada. A la compañera Consejera y compañeros Consejeros les agradezco me haya aceptado presidirlos con la esperanza de haberme legitimado para ello con mi actuación respetuosa, sustentada en la plena confianza hacia ustedes.
Mi afán de no defraudar a quienes integran ambos cuerpos colegiados permanece; de ahí que en los años que siguen me mantendré apegado a lo que ofrecí al asumir este encargo: que el representante de este Alto Tribunal juega el mismo papel que el de los demás integrantes del Pleno, pero es inferior y se halla sometido a ellos cuando actúan y deciden colegiadamente. La misma apreciación corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura. Cuando las decisiones se toman por mayor número de personas buscando la unidad, se obtiene una solidez férrea que resiste cualquier embate. Este es nuestro compromiso por el bien de México.