Durante el desarrollo de la iniciativa Diálogos por la Justicia Abierta, a través de 29 mesas realizadas en 6 sedes, se recabaron las opiniones, preocupaciones y propuestas expresadas por las personas participantes. Los hallazgos que se presentan a continuación son resultado de la sistematización del conjunto de las aportaciones recogidas a lo largo de este ejercicio.
Estos hallazgos y las propuestas asociadas recogen las voces de las personas participantes y no constituyen un posicionamiento institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni de sus órganos. Su presentación tiene como propósito identificar áreas de oportunidad y posibles alternativas de atención a las problemáticas planteadas.
A continuación, se presentan los principales hallazgos y las propuestas de solución derivadas de estas aportaciones:
Las personas participantes señalaron que el uso de tecnicismos legales crea barreras infranqueables. La reforma debe priorizar la oralidad y el uso de un lenguaje sencillo para que la ciudadanía comprendan sus procesos y la justicia no se resuelva "en lo oscurito".
Las personas participantes manifestaron la necesidad de armonizar las leyes estatales con el artículo 2o. constitucional para respetar la autonomía de los pueblos, reconociendo a sus autoridades comunitarias sin subordinación jerárquica a las autoridades municipales, en el marco constitucional de autonomía.
Las personas participantes expresaron que la violencia contra las mujeres es sistémica. La justicia debe integrar la perspectiva de género de forma transversal, garantizar la paridad en las postulaciones y eliminar las brechas en la distribución de las tareas de cuidado.
Las personas participantes plantearon que el sistema actual es “por adultos para adultos”. Se requiere una transformación hacia entornos amigables, sentencias de lectura fácil y la aplicación estricta del principio de autonomía progresiva.
Las personas participantes plantearon que la justicia no es solo dictar sentencias, sino restaurar la armonía. Se debe fomentar la resolución pacífica de conflictos desde la educación básica y otorgar validez de cosa juzgada a los convenios de mediación.
Las personas participantes indicaron que la inteligencia artificial, bajo el modelo Human in the loop (la persona es siempre la responsable final de la decisión), debe utilizarse como herramienta de apoyo. La tecnología debe servir para abatir el rezago y sistematizar tareas, pero la sensibilidad y la valoración de pruebas complejas deben permanecer siempre en manos humanas.
Las personas participantes expresaron frustración ante sentencias que son letra muerta. Se requiere una reingeniería presupuestal y mecanismos de sanción efectiva para autoridades que desacatan órdenes judiciales.
Las personas participantes destacaron que el daño ambiental suele ser irreversible y señalaron que las personas juzgadoras deben aplicar los principios de prevención y precaución, apoyándose en tribunales especializados y peritos técnicos.
Las personas participantes destacaron que las sentencias de amparo en materia de salud deben ser específicas y detalladas para evitar que las autoridades simulen su cumplimiento y garantizar atención médica real y digna para personas privadas de la libertad y personas trabajadoras.
Las personas participantes subrayaron que es urgente superar la doble barrera lingüística y documental mediante la coordinación institucional, permitir trámites a distancia y validar documentos consulares para el acceso a derechos básicos.
Las personas participantes señalaron que no debe exigirse esperar 72 horas para iniciar una búsqueda. El Estado tiene la obligación ineludible de actuar con agilidad, profesionalismo y transparencia forense.
Las personas participantes advirtieron que más allá del conocimiento técnico, las personas servidoras públicas deben ser sensibles al contexto social. Combatir la corrupción implica garantizar que cada persona juzgadora vea "rostros" y "expedientes".
Las personas participantes identificaron que la desactualización registral y los altos costos de regularización generan incertidumbre. Se requiere simplificar trámites y reducir cargas fiscales para dar títulos definitivos a quienes poseen la tierra de buena fe.
Las personas participantes refirieron que se debe eliminar la percepción de que la justicia es solo para quienes pueden pagar abogados. Esto implica fortalecer al Instituto Federal de la Defensoría Pública y acercar los tribunales a las zonas rurales y marginadas.
Las personas participantes expresaron que la justicia abierta y el escrutinio social son las mejores defensas contra factores de poder ajenos al derecho, asegurando que el sistema sirva verdaderamente al pueblo.