La protección de la salud es uno de los derechos constitucionales que deben cumplirse, hoy más que nunca.

El artículo 4º de nuestra Constitución establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general…”

La Suprema Corte ha emitido criterios definitivos, encaminados a la protección de este derecho. Entre el contenido de sus tesis destaca, por ejemplo, que:

El Derecho a la protección de la salud tiene dimensiones en lo individual y social y, consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud (ver más).

El Derecho humano a un medio ambiente sano tiene una dimensión colectiva que debe protegerse ampliamente, al constituirse como un interés universal que se debe a generaciones presentes y futuras (ver más).

Y en aras de proteger el Derecho a la Salud, este Alto Tribunal validó preceptos de la Ley General de Salud, que exigen como requisitos para llevar a cabo procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad, que los médicos cuenten con cédula de especialista, expedida por las autoridades educativas competentes, y con un certificado vigente de especialista, que deberá emitir el Consejo de la Especialidad que corresponda (ver más).

Si deseas conocer al detalle estas y otras tesis sobre el tema, consúltalas aquí.

En favor de los niños, niñas y adolescentes, la Suprema Corte se ha enfocado a salvaguardar sus derechos y hacer valer el principio del Interés Superior del Menor, que obliga a todas las autoridades a procurar siempre su bienestar.

En este mes, en el que se festeja a los niños, niñas y adolescentes, recordamos algunas de las tesis más relevantes que ha dictado este Alto Tribunal; por ejemplo, determinó la validez del artículo 23 del Código Civil del estado de Querétaro, que establece que la autoridad buscará y protegerá en todo momento el Interés Superior del Menor, como la prioridad que ha de otorgarse a sus derechos, respecto de los de cualquier otra persona, además de protegerlos por su vulnerabilidad, al ser sujetos que empiezan la vida y se encuentran en situación de indefensión (ver más).

Por otra parte, la Corte estableció el derecho a la vida privada familiar frente al Estado y a terceros para que no intervengan injustificadamente en las decisiones que sólo corresponden a los padres, como el cuidado, custodia y control de sus hijos (ver más).

En materia de atención médica, determinó que el Estado puede actuar para proteger a un menor si, con base en sus creencias religiosas, los padres se oponen a que se le aplique el tratamiento idóneo para salvar su vida (ver más); y, en materia educativa, resolvió que la educación inclusiva es un derecho humano que demanda equidad, por lo que el Estado está obligado a emprender acciones que pongan fin a la segregación en los entornos educativos (ver más).

Consulta estas y otras tesis relativas a la máxima protección de los niños, niñas y adolescentes.