Sentencias relevantes en materia de Derechos Humanos: Personas con discapacidad

Datos de la Sentencia:
Acciones de inconstitucionalidad 142/2022 y sus acumuladas 145/2022, 146/2022, 148/2022, 150/2022 y 151/2022

Tema

Derecho a una consulta previa

Sinópsis

El partido político local Unidad Democrática de Coahuila, PT, MORENA y la CNDH, demandaron la invalidez de los Decretos 270 y 271, publicados, respectivamente, el 29 y 30 de septiembre de 2022, por medio de los cuales se habían reformado diversas disposiciones de la Constitución Política y del Código Electoral, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza, por estimarlas contrarias a la Constitución Federal.

El Pleno invalidó las referidas disposiciones al considerar que afectaban directamente los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad, por lo que, de conformidad con los artículos 1º y 2° de la Constitución Federal, 6 del Convenio 169 de la OIT y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, determinó que existía la obligación de realizar consultas previas, las cuales no se realizaron. Como parte de los efectos, se determinó la reviviscencia; es decir, el restablecimiento de la vigencia de las normas anteriores a las reformadas, dado que los decretos invalidados estaban referidos a la materia electoral, en la cual la certeza es principio rector.

Datos de la Sentencia:
Amparo en Revisión 516/2020

Tema

Derecho a la igualdad y no discriminación

Sinópsis

Este criterio emana de la revisión de una sentencia de juicio de amparo promovido por dos personas con espectro autista y discapacidad, en la que reclamaron la falta de consulta a las personas con esta condición para la elaboración de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista (LGAPPCEA), así como la inconstitucionalidad de diversas de sus disposiciones, tras considerarlas violatorias de lo dispuesto en la Constitución Federal y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en materia de derechos a la igualdad y no discriminación, capacidad jurídica, a la educación inclusiva y al trabajo. El Juez de Distrito que conoció del caso sobreseyó la demanda al considerar que los solicitantes de amparo no acreditaron su interés jurídico o legítimo, dado que sus integrantes solo afirmaron tener la condición del espectro autista, sin demostrar tal aseveración. Inconformes con la decisión, las personas promoventes interpusieron recurso de revisión, el cual fue remitido a la SCJN para su resolución.

La Primera Sala de la SCJN reafirmó la constitucionalidad de la LGAPPCEA, en relación con los derechos a la igualdad y no discriminación, a la educación inclusiva de calidad y al ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que con los demás para la toma de sus propias decisiones. En su fallo reiteró que, para la elaboración y emisión del referido ordenamiento legal, sí se realizó una consulta a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, quienes incluso participaron en el proceso legislativo. En otro aspecto, partiendo del reconocimiento fundamental del derecho de las personas con espectro autista a tomar sus propias decisiones, el Alto Tribunal estableció que la fracción XIX del artículo 10 de la LGAPPCEA, que prevé esta prerrogativa para ser ejercida por sí o a través de sus padres o tutores en defensa de sus legítimos derechos, debe interpretarse en el sentido que las decisiones se deben tomar “por sí” mismas o, de ser el caso, a través del modelo de asistencia y no como sustitución de la voluntad. En lo que respecta al derecho fundamental de las personas con condición de espectro autista de recibir educación o capacitación basada en “criterios de integración e inclusión”, previsto en la fracción IX del artículo 10 de la LGAPPCEA, se resolvió que debe interpretarse en torno al reconocimiento del derecho a la educación inclusiva de calidad en términos amplios, aplicables al sector público y privado, a fin de integrar la accesibilidad y/o realizar los ajustes razonables necesarios, tomando en cuenta los cambios y modificaciones que ello implica para los modelos de enseñanza, y de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. Finalmente, se dejó firme el sobreseimiento del juicio respecto de la fracción VIII del artículo 17 de la LGAPPCEA, al advertir que prevé lo relativo al certificado de habilitación para laborar, la cual fue declarada inválida por esta SCJN en la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 33/2015, por resultar violatoria de los derechos humanos a la igualdad, a la libertad de profesión y oficio, así como al trabajo digno y socialmente útil.

Datos de la Sentencia:
Acción de Inconstitucionalidad 109/2021

Tema

Derecho a la educación

Sinópsis

La CNDH demandó la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de México, por considerarlas contrarias a la Constitución Federal.

El Pleno de la SCJN invalidó los preceptos que se referían a la educación especial e indígena de la Ley de Educación de la Ciudad de México. En el caso se advirtió que los preceptos invalidados contenían medidas susceptibles de afectar directamente los intereses de las comunidades indígenas y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad, por lo que también existía la obligación de consultarles previamente, de conformidad con los artículos 1° y 2º de la Constitución General, 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Datos de la Sentencia:
Acción de Inconstitucionalidad 29/2021

Tema

Derecho a la educación

Sinópsis

La CNDH demandó la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León, por considerarlas contrarias a la Constitución Federal.

El Pleno de la SCJN invalidó el Decreto número 363, publicado el 30 de diciembre de 2020, por el que se reformaron y adicionaron diversos preceptos de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León, toda vez que el decreto se refería a la educación especial de personas con discapacidad, el legislador local se encontraba obligado a consultarles previamente, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Federal y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Datos de la Sentencia:
Amparo Directo en Revisión 356/2020

Tema

Juzgar con perspectiva de género

Sinópsis

La Primera Sala de la SCJN, al resolver un recurso de revisión derivado de un juicio de amparo, reafirmó que el sistema normativo del estado de interdicción para las personas mayores de edad con discapacidad, previsto en los artículos 23, 450, fracción II, y 462 del Código Civil, así como en los artículos 902, 904 y 905 del Código de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), resulta inconstitucional e inconvencional. Lo anterior, al concluir, con base en su línea de precedentes, que la figura de la interdicción no es acorde con la premisa de la dignidad humana como principio y fin prioritario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ni resulta compatible con el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, ya que niega o restringe a éstas el reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica plena, en contravención a lo dispuesto en los artículos 1º constitucional, así como 5° y 12 de la CDPD. En torno a tal afirmación, la Sala reiteró que el estado de interdicción: a) parte de una premisa de sustitución de voluntad, paternalista y asistencialista que no reconoce derechos humanos; b) pone el acento en la deficiencia, sin considerar las barreras del entorno; c) es una restricción desproporcionada al derecho a la capacidad jurídica y representa una injerencia indebida que no es armonizable con la CDPD; d) viola la obligación convencional de establecer apoyos y salvaguardias adecuadas y efectivas para el ejercicio de la capacidad jurídica; e) vulnera el derecho a una vida independiente y a ser incluido en la comunidad; y f) promueve estereotipos y, con ello, la discriminación de las personas con discapacidad. En otro aspecto, la Sala advirtió que, en el caso concreto, las manifestaciones vertidas por la mujer declarada en estado de interdicción, que promovió el juicio de amparo e interpuso el recurso de revisión, daban cuenta de una situación de desequilibrio por razón de género entre ella y su cónyuge, el cual fue designado por el juzgador de origen como su tutor; por tanto, la Sala determinó que la concesión del amparo no sólo sería para que dejaran de aplicarse las normas relativas al estado de interdicción, sino también para que la autoridad responsable aplicara el método de juzgar con perspectiva de género, y lo tuviera en cuenta en relación con el sistema de apoyos y salvaguardias aplicable en el caso.

Datos de la Sentencia:
Amparo en Revisión 45/2022

Tema

DESCA

Sinópsis

La Segunda Sala amparó a dos personas con discapacidad para que la autoridad responsable resuelva sobre la procedencia de su incorporación al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente para el ejercicio fiscal 2020, conforme al análisis pormenorizado de sus necesidades socioeconómicas, pues habitar fuera de una comunidad indígena no es impedimento absoluto e invencible. Se dijo que la condición de pobreza y marginación son ejes indispensables para la incorporación al programa, por lo que sus operadores están obligados a analizar factores socioeconómicos de las personas con discapacidad solicitantes del apoyo, a fin de determinar si se encuentran en situación de precariedad económica y, por ende, si necesitan los apoyos sociales en materia de alimentación, salud y educación del programa. Se concluyó que el orden de preferencia establecido en las reglas de operación del programa tiene una justificación razonable que atiende criterios diferenciadores y de elegibilidad; sin embargo, es inconstitucional negar el acceso al programa sin motivación y fundamentación, al no analizar las condiciones socioeconómicas de los solicitantes.

Datos de la Sentencia:
Amparo en Revisión 420/2021

Tema

Derechos laborales de personas que tienen bajo su cuidado hijos con discapacidad y/o con enfermedades

Sinópsis

El presente amparo se interpuso contra el Director de la unidad médico familiar ermita del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades, ante la negativa verbal de justificar la inasistencia de una madre a su centro de trabajo en la unidad médico familiar referida, porque tuvo que cuidar a su menor hija, quien padece Síndrome de Down, cardiopatía congénita e hipertensión pulmonar. Este asunto resulta relevante toda vez que es un tema de trascendencia, pues ante el escenario de la pandemia global que se está atravesando, la protección a la salud de las personas en lo individual debe extremarse y, además, reviste un carácter trascendente y excepcional porque fija un criterio jurídico relevante para su aplicación en la multiplicidad de casos que están promovidos.

La Segunda Sala resolvió amparar y proteger a la quejosa en contra de la negativa.

Datos de la Sentencia:
Amparo Directo 12/2021

Tema

Derecho de acceso a la justicia

Sinópsis

El caso emana de un juicio de divorcio sin causa promovido por uno de los cónyuges, en el que el hermano de la cónyuge no solicitante informó que ésta vivía con una discapacidad mental diagnosticada como “trastorno afectivo orgánico secundario a atrofia cerebral”, que desarrolló en los últimos cinco años de su vida, por lo que no estaba en condiciones de valerse por sí misma ni de manifestar su voluntad y, por ende, se encontraba imposibilitada para contestar la demanda y defenderse en el juicio. Por tal motivo, el juez de lo familiar que conoció de la demanda sobreseyó el juicio tras concluir que no podrían garantizarse los derechos de la persona con discapacidad, ya que no sería posible que ejerciera su derecho de audiencia. En contra de esa decisión el cónyuge solicitante promovió un amparo directo. El Tribunal Colegiado del conocimiento solicitó a esta SCJN.

La Primera Sala reiteró la obligación de los órganos jurisdiccionales de juzgar con perspectiva de discapacidad, procurando en todo momento la implementación de medidas que garanticen el acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Así, se concedió el amparo porque no se respetaron los derechos al libre desarrollo de la personalidad, de personalidad y capacidad jurídica. En primer lugar, el juicio de divorcio sin expresión de causa no sólo implica la declaratoria del divorcio en sí mismo, sino que trae consigo consecuencias jurídicas para las partes involucradas. Por ello, si bien es verdad que una vez que se solicita el divorcio, la oposición del otro consorte no podrá impedir la disolución del vínculo matrimonial, lo cierto es que su comparecencia a juicio resulta trascedente por las consecuencias jurídicas que trae consigo tal disolución, de ahí la necesidad de que la parte demandada sea llamada a juicio. Por otra parte, se advirtió que si bien el juzgador familiar dio por cierto que la parte demandada presenta una discapacidad, éste no juzgó con perspectiva de discapacidad para asegurar que la mujer gozara del derecho de comparecer a juicio en condiciones de igualdad real y efectiva, mediante la adopción de medidas pertinentes. De manera que el actuar del juez fue contrario a lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), el cual prevé que estas personas son sujetos de derechos y tienen tanto personalidad como capacidad jurídica. Finalmente, se deliberó que la notificación de la solicitud de divorcio por conducto del hermano de la cónyuge no podía subsistir, en tanto que no se tiene la certeza de que la mujer realmente hubiese tenido conocimiento del juicio. Por tanto, se ordenó reponer el procedimiento y, con fundamento en el artículo 13 de la CDPD, instruyó al juez de origen para que haga los ajustes al procedimiento con el fin de que la demandada pueda acceder a la justicia en igualdad de condiciones que su contrario, y nombre los apoyos y salvaguardias que resulten necesarios para ese efecto.

Datos de la Sentencia:
Recurso de Queja 40/2020

Tema

Derecho a la salud

Sinópsis

Este asunto versa sobre una demanda de amparo presentada por un padre en contra de una aseguradora que rechazó incluir a su hijo recién nacido con Síndrome de Down, en la póliza del seguro de gastos médicos mayores que su esposa tenía contratada. El juez de conocimiento rechazó la demanda calificándola improcedente de forma notoria y manifiesta, al considerar que no se reclamó un acto de autoridad.

La Primera Sala resolvió que es posible admitir una demanda de amparo en contra de la negativa de expedición de una póliza de seguro de gastos médicos mayores emitida por una aseguradora en favor de una persona con alguna discapacidad, pues no se puede establecer, en un análisis preliminar, si esa determinación constituye o no un acto de autoridad contra el que procede juicio de amparo. Se advirtió que las compañías aseguradoras actúan en ejercicio de una autorización especial conferida por el Estado, donde uno de los bienes jurídicos protegidos mediante la celebración de los contratos de seguro de gastos médicos mayores es la salud de las personas y, en ese sentido, las actividades que realizan guardan relación con las obligaciones del Estado de garantizar el derecho a la salud sin discriminación por razón de alguna discapacidad. Por lo anterior, se resolvió que la demanda no resultaba notoria y manifiestamente improcedente, pues la determinación sobre si el acto atribuido a la asegura constituye o no un acto de autoridad es un aspecto que debe resolverse en el fondo una vez admitido el amparo. Por lo anterior, se revocó el acuerdo recurrido en el que se desechaba la demanda de amparo y se ordenó al Juzgado la admitiera.

Datos de la Sentencia:
Amparo Directo 4/2021

Tema

Capacidad jurídica

Sinópsis

La Primera Sala de la SCJN concedió el amparo a una persona con discapacidad que estaba sujeta a estado de interdicción y solicitó el cese de esa situación jurídica. Así, no le serán aplicadas las normas locales que regulan el cese del estado de interdicción y debe reconocérsele su personalidad y capacidad jurídica plena sin condicionamientos en relación con el control de su estado de salud.

En este caso se resolvió que el sistema de interdicción previsto en diversas normas del Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México no es acorde con la dignidad humana como principio y fin prioritario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ni resulta compatible con el modelo social y de derechos humanos que sobre la discapacidad acoge ese instrumento convencional, particularmente, para el reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad. La Sala consideró que la condición de salud mental no debe ser materia de discusión para determinar si procede o no la solicitud de cese de la interdicción con base en que hayan cambiado las circunstancias que motivaron la declaración de ese estado, por lo que no debe someterse a la persona a revisiones médicas para acreditar la desaparición o el control de su enfermedad, sino que procede cesar la interdicción con base en el respeto al derecho al reconocimiento de su capacidad jurídica plena en igualdad de condiciones que las demás personas. En otro aspecto, se estableció que la designación de personas de apoyo y el establecimiento de sus funciones, así como la implementación de medidas de salvaguardia que aseguren el correcto desempeño de los primeros cuando así proceda, debe hacerse conforme a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, quien debe tener el protagonismo para señalar la forma en que requiere ser asistido, tanto para los actos en ejercicio de su capacidad jurídica plena, como en los actos de su vida cotidiana. Lo anterior no se observó en el caso, pues se impusieron funciones a sus personas de apoyo y se establecieron salvaguardias, relacionadas con el control de su condición de salud, que él no solicitó y que manifestó no requerir, por lo que se prescindió de su consentimiento.