Tribunal Constitucional de Portugal
El Tribunal Constitucional de Portugal está integrado por 13 jueces y juezas, quienes duran en su cargo nueve años. La Constitución portuguesa prevé que diez jueces serán designados por dos terceras partes de la Asamblea de la República, mientras que los otros tres serán elegidos por los jueces ya designados por la Asamblea. Asimismo, la Constitución mandata que seis de los 13 jueces deberán provenir de los jueces que se desempeñan en otras cortes del Poder Judicial, mientras que el resto podrán ser elegidos entre los profesionales del Derecho.
El Tribunal puede funcionar en pleno o en sala. Las salas se dividen en tres, cada una integrada por un presidente, un vicepresidente y cuatros jueces más. Éstas conocen únicamente sobre apelaciones y objeciones en casos que requieran de una verificación de constitucionalidad o de legalidad específica (sin especializarse en ninguna materia), mientras que el resto de los asuntos son conocidos por el pleno.
La jurisdicción otorgada a este Tribunal Constitucional le permite conocer tanto de asuntos de constitucionalidad, como de asuntos de legalidad. Sobre los primeros, el Tribunal puede realizar revisiones previas; sucesivas y abstractas; concretas, y por omisión. Las revisiones previas consisten en analizar textos legislativos más relevantes antes de su publicación. Por su parte, las revisiones sucesivas y abstractas son aquellas enfocadas en la revisión de cualquier regla que se encuentre en alguna ley o regulación. En lo que corresponde a las revisiones concretas, el Tribunal Constitucional puede revisar la aplicación de una ley a un caso específico. Finalmente, la revisión por omisión se enfoca en analizar violaciones a la constitución por la falta de adopción de medidas legislativas.
Respecto a sus funciones de legalidad, el Tribunal Constitucional puede conocer de violaciones a leyes de mayor jerarquía (incluyendo aquellas de las regiones autónomas), las cuales deriven de decretos emitidos por alguna autoridad, así como de aquellos casos donde una corte inferior inaplique una norma por considerar que vulneran tratados internacionales. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional tiene la facultad de conocer de una serie de procedimientos adicionales relacionados con temas electorales, partidos políticos, incapacidad del titular del Poder Ejecutivo, asignación de asiento en la Asamblea de la República, entre otros. Una facultad particularmente interesante del Pleno del Tribunal Constitucional es la de tomar medidas para disolver asociaciones que expresen una ideología fascista.
La Constitución de la República Portuguesa fue adoptada en 1976. El texto de la norma fundamental se divide en IV partes y tiene 296 artículos. La parte I (artículo 12 a 79) establece un amplio catálogo de derechos fundamentales, entre los cuales se encuentran derechos civiles, como la libertad de expresión y el voto, derechos económicos y sociales, como el derecho a la vivienda y a la salud, y derechos culturales, con un enfoque particular al derecho a la educación. El texto constitucional ha sido reformado en siete ocasiones desde su adopción hasta la fecha.
Corte Constitucional de Sudáfrica
La Corte Constitucional de Sudáfrica es el máximo tribunal para asuntos relacionados con la interpretación, protección y aplicación de la Constitución en aquel país. Está compuesta por 11 juezas y jueces, quienes normalmente sirven por un período no renovable de entre 12 y 15 años y no pueden ser integrantes del parlamento, del gobierno o de partidos políticos. Las y los primeros jueces de la Corte Constitucional sudafricana fueron nombrados en 1994.
De acuerdo con la Constitución sudafricana, el quórum para poder conocer un asunto es de al menos ocho jueces. En la práctica, la totalidad de las y los integrantes de la Corte escuchan cada caso. Si cualquiera de las y los jueces se encuentra ausente por un largo período de tiempo o surge alguna vacante, se puede nombrar una jueza o juez suplente. En cuanto a su jurisdicción, la Corte Constitucional tiene la facultad exclusiva para decidir sobre controversias entre órganos estatales a nivel nacional o provincial con relación a su estatus, poderes o funciones constitucionales; la constitucionalidad de cualquier ley parlamentaria o provincial y la constitucionalidad de cualquier enmienda a la Constitución, así como de decidir si el presidente ha incumplido alguna obligación constitucional. Un caso puede llegar a la Corte Constitucional de diversas maneras: como resultado de una apelación ante una sentencia del Tribunal Superior o de la Corte Suprema de Apelaciones; como una aplicación directa a la Corte Constitucional solicitándole actuar como primera y última instancia debido a la urgencia del asunto; como resultado de la declaración de invalidez de una disposición legislativa por parte de una corte inferior y que requiere confirmación de la Corte Constitucional, o como un proyecto de ley que el parlamento pide a la Corte Constitucional revisar. La Corte tiene discrecionalidad para decidir si escucha o no un asunto, con excepción de aquellos casos en los que una ley ha sido declarada inválida y la Corte debe confirmar la decisión.
La Constitución de la República de Sudáfrica fue promulgada el 18 de diciembre de 1996 por el entonces Presidente Nelson Mandela y entró en vigor el 4 de febrero de 1997. La Corte Constitucional tuvo un papel importante en el proceso de adopción de dicha Constitución al ser la encargada de certificar que el texto constitucional redactado y adoptado por la Asamblea Constitucional, establecida en mayo de 1994, se apegara a los principios dispuestos en la Constitución interina de 1993 que fue expedida para el período de transición del apartheid a la democracia. La Constitución de 1996 se divide en 14 capítulos e incluye un catálogo de derechos (Capítulo 2, arts. 7 a 29) en el que se encuentran consagrados tanto derechos civiles y políticos como derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Desde su promulgación en 1996, la Constitución sudafricana ha sido enmendada en 17 ocasiones.
Kate O’Regan
Jueza en retiro
Corte Suprema de Justicia de Costa Rica
La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica es el tribunal superior del Poder Judicial en aquel país. De acuerdo con la Constitución, la Corte Suprema está formada por los magistrados que sean necesarios para el buen servicio. La Corte se integra actualmente por 22 magistrados y magistradas titulares, electos por la Asamblea Legislativa y designados para un período de ocho años con la posibilidad de reelección, y 37 magistrados y magistradas suplentes.
La Corte Suprema de Justicia funciona en Pleno y cuatro Salas. La Primera Sala conoce de los casos en materia agraria, civil, contenciosa administrativa y comercial; la Segunda Sala resuelve los asuntos relacionados con las materias de trabajo y familia, y la Tercera Sala conoce de casos en materia penal. La Sala Constitucional, por su parte, se encarga de velar por la protección de los derechos fundamentales que consagra la Constitución Política y los tratados internacionales ratificados por Costa Rica. En particular, dicha sala conoce de los recursos de hábeas corpus y de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las consultas de constitucionalidad y los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado. Las salas de la Corte Suprema se integran por cinco magistrados titulares, con excepción de la Sala Constitucional que se integra por siete.
La Constitución actual de Costa Rica fue adoptada en 1949. El texto de la norma fundamental se divide en XVIII títulos y tiene 197 artículos. Del título IV al VII (artículos 20 a 89) establece un catálogo de derechos tanto civiles y políticos como sociales y económicos. Asimismo, el título VIII refiere a derechos electorales. Hasta la fecha, se han realizado 36 enmiendas al texto constitucional. Una reforma particularmente relevante fue aquella realizada en 1989 en materia de justicia constitucional y por la cual se modificaron los artículos 10, 48, 105 y 128 de la Constitución costarricense. Dicha reforma estuvo acompañada de la adopción de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Estos cambios constitucionales y legislativos permitieron la creación de un sistema de control y garantías de constitucionalidad en manos de la Sala Constitucional, otorgándole las facultades antes mencionadas.
Tribunal Constitucional Federal Alemán
Establecido en 1951, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania es el máximo tribunal de aquel país y su papel consiste en garantizar el cumplimiento de la Ley Fundamental alemana. Al tratarse también de un órgano constitucional, a diferencia de los tribunales ordinarios, no se encuentra sujeto a la supervisión administrativa por parte de un ministerio. El Tribunal Constitucional está integrado por 16 juezas y jueces, la mitad de ellos electos por el Parlamento Federal (Bundestag) y la otra mitad por el Consejo Federal (Bundesrat) por una mayoría de dos tercios para un período de 12 años sin posibilidad de reelección.
El Tribunal cuenta con dos paneles llamado Senados que están compuestos por ocho juezas y jueces cada uno. El Primer Senado conoce principalmente asuntos relacionados con derechos fundamentales de la ciudadanía, mientras que el Segundo Senado examina controversias entre órganos constitucionales y decide también respecto a los derechos de integrantes del Parlamento y de los partidos políticos, así como ciertos asuntos de derechos fundamentales. Con el fin de atender el elevado número de casos que el Tribunal recibe al año, cada Senado forma Salas compuestas por tres juezas y jueces, quienes resuelven casos en los que los recursos son inadmisibles o los requisitos de admisibilidad no se han cumplido por otras razones. El Tribunal Pleno resuelve casos en pocas ocasiones, si bien su decisión es necesaria cuando uno de los Senados pretende apartarse de la interpretación del otro en una cuestión específica de derecho constitucional.
Los procedimientos que se desarrollan ante el Tribunal son recursos de inconstitucionalidad, controversias relacionadas con los órganos federales y sus equivalentes, controversias sobre competencias entre la federación y los estados federados (Länder), control abstracto y concreto de leyes, procedimientos para la prohibición de partidos políticos y denuncias electorales. En la mayoría de los procedimientos, el Tribunal puede emitir medidas provisionales para prevenir situaciones irreversibles y asegurar que una decisión posterior en el procedimiento principal sea efectiva y pueda cumplirse.
La Ley Fundamental de la República Federal de Alemania entró en vigor el 24 de mayo de 1949 y consta de XI Capítulos. En el Capítulo I (arts. 1 a 19) están consagrados derechos fundamentales como la inviolabilidad de la dignidad humana, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de creencias, de conciencia y de religión, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la privacidad, la libertad de movimiento y el derecho al asilo, entre otros. La Ley del Tribunal Constitucional Federal entró en vigor el 17 de abril de 1951.
Corte Suprema de India
La Suprema Corte en India es el máximo tribunal de dicho país. Está integrada por un Ministro o Ministra Presidente y 30 jueces y juezas adicionales. Los jueces y juezas son designadas por el presidente de la India y duran en su encargo hasta los 65 años. Los requisitos para poder ser Juez de la Suprema Corte son: haber sido juez, durante cinco años, de una Alta Corte de los estados o regiones; abogado reconocido para comparecer ante dichas cortes durante diez años, o “ser un jurista distinguido”. Asimismo, la Constitución permite la designación de jueces de las Altas Cortes estatales y regionales, así como de jueces en retiro de la misma Suprema Corte para fungir como jueces o ad hoc en algunos casos.
Los casos sometidos ante la Suprema Corte son resueltos por paneles de dos o tres jueces; sin embargo, es posible formar paneles de cinco o más jueces cuando así se requiera o sea necesario resolver una diferencia de opinión. La Suprema Corte tiene tres tipos de jurisdicción: original, de apelación y consultiva. La jurisdicción original le permite conocer de disputas entre el gobierno de India y otros estados; le otorga una amplia competencia relacionada con la implementación de los derechos fundamentales establecidos en la constitución, pudiendo emitir directivas, órdenes, prohibiciones, entre otras, y le reconoce facultad de redirigir casos a Altas Cortes o atraer casos de alta importancia. Por otra parte, la jurisdicción en materia de apelación permite que la Suprema Corte conozca de sentencias emitidas por las Altas Cortes. Éstas pueden ser asuntos civiles y penales y la Suprema Corte puede resolver aspectos de legalidad y constitucionalidad. Finalmente, a través de la jurisdicción consultiva, la Suprema Corte conoce de asunto remitidos por el titular del Poder Ejecutivo de India.
La Constitución de India fue adoptada por la Asamblea Constituyente el 26 de noviembre de 1949 y entró en vigor el 26 de enero de 1950. El texto de la norma fundamental se divide en XXII partes y tiene 395 artículos. Las partes II y III (artículo 5 a 35) establece un catálogo de derechos de ciudadanía y fundamentales, entre los cuales se encuentran: el derecho a la igualdad, el derecho contra la explotación y el derecho a la libertad religiosa, así como derechos culturales y de educación. Hasta la fecha, se han realizado 104 enmiendas al texto constitucional.
Corte Suprema de Canadá
La Corte Suprema de Canadá es la corte de apelación de última instancia de aquel país. Creada en 1875, actuó como una corte de apelaciones intermedia hasta 1949, fecha en la que reemplazó al Comité Judicial del Consejo Privado como la autoridad final respecto a todas las cuestiones legales en el país, incluida la interpretación y aplicación de la Constitución. De acuerdo con la Ley de la Corte Suprema, ésta está integrada por nueve jueces nombrados por el Gobernador General actuando con el consejo del Gabinete. Por ley, al menos tres de sus integrantes deben provenir de Quebec. Las y los jueces de la Corte Suprema se mantienen en el cargo mientras dure su buena conducta hasta que se retiren o cumplan 75 años. El quórum para poder conocer un asunto es de cinco juezas y jueces, si bien la mayoría son conocidos por paneles de siete o nueve.
La Corte conoce y resuelve casos en inglés y francés. Asimismo, aborda casos de las dos principales tradiciones jurídicas de Canadá: el derecho consuetudinario, basado en el derecho inglés, y el derecho civil, basado en el código civil francés y aplicado en la mayoría de los asuntos no penales en la provincia de Quebec. En cuanto a su jurisdicción, la Corte Suprema conoce las apelaciones de las decisiones de los tribunales superiores de última instancia de las provincias y territorios, así como de la Corte Federal de Apelaciones y la Corte Marcial de Apelaciones de Canadá (jurisdicción de apelación). Asimismo, puede emitir opiniones consultivas en cuestiones que le hayan sido referidas por el gobierno federal (jurisdicción de referencia). Un asunto puede llegar a la Corte Suprema mediante tres procedimientos diferentes. En primer lugar, la mayoría de los casos ante la Corte llegan por medio de una solicitud de autorización para apelar (leave to appeal), en cuyo caso la decisión para conceder o no dicha autorización se basa en una evaluación de la importancia pública de las cuestiones jurídicas planteadas en el asunto en cuestión. En segundo, la Corte puede llegar a conocer de un caso cuando al menos una de las partes en litigio cuenta con un derecho legalmente reconocido para apelar de manera automática ante la Corte Suprema por lo que no es necesario solicitar autorización para ello (appeals as of right). Finalmente, el Gobernador General actuando con el Consejo del Gabinete puede solicitar a la Corte su opinión, por medio del procedimiento de referencias, sobre cuestiones importantes de derecho, como la constitucionalidad o interpretación de legislación federal o provincial.
La Constitución de Canadá está compuesta por una serie de actos legislativos que incluyen la Ley Constitucional de 1867 (Ley de Norteamérica Británica de 1867), por medio de la cual se unieron las colonias británicas de Canadá, Nueva Escocia y Nueva Brunswick en un solo dominio, y la Ley Constitucional de 1982 que, entre otros cambios, introdujo al marco constitucional la Carta Canadiense de Derechos y Libertades y consolidó el papel de la Corte Suprema como máxima autoridad judicial del país. La Carta Canadiense consta de 52 artículos en los que se reconocen derechos y libertades fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la vida, libertad y seguridad personales, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a un intérprete, al tiempo que consagra derechos relativos a la participación, la igualdad, el lenguaje y la igualdad de género.
