Corte Constitucional de Colombia
La Corte Constitucional con sede en la ciudad de Bogotá, es un órgano del Poder Judicial y cabeza de la jurisdicción constitucional, se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política. Es independiente a la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Se integra por nueve magistrados designados por el Senado de la República para periodos de ocho años sin posibilidad de reelección, a través de ternas presentadas por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Las sentencias de constitucionalidad son dictadas por la Sala Plena de la Corte y las sentencias de tutela se resuelven entre las nueve Salas de Revisión.
Entre sus principales funciones se destacan las siguientes: decide sobre las demandas de constitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra las leyes, los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno y los actos legislativos reformatorios de la Constitución; resuelve sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución; resuelve sobre la constitucionalidad de los refrendos sobre leyes, soluciona las consultas populares y los plebiscitos de orden nacional en materia constitucional; ejerce el control constitucional sobre los decretos legislativos dictados por el Gobierno al amparo de los estados de excepción; decide sobre las objeciones por inconstitucionalidad que el Gobierno formule contra proyectos de ley de manera integral y previa respecto a los proyectos de ley estatutaria aprobados por el Congreso; resuelve las excusas para asistir a las citaciones realizadas por el Congreso en los términos del artículo 137 de la Carta; declara la exequibilidad de los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano y revisa las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales.
Corte Suprema de Justicia de Costa Rica
La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica es el Tribunal Superior del Poder Judicial. Está integrada por Magistrados propietarios y suplentes. Funciona en Corte Plena y se integra en cuatro Salas. La Primera Sala conoce de los casos en materia agraria, contenciosa administrativa y comercial; la Segunda Sala resuelve los asuntos relacionados con las materias de Trabajo y Familia; la Sala Tercera conoce de casos en materia penal; y la Sala Constitucional se encarga de velar por la protección de los derechos fundamentales que consagra la Constitución Política y los tratados internacionales ratificados por Costa Rica.
La Corte Suprema de Justicia se encarga de informar a los otros Poderes del Estados en los asuntos en los que la Constitución o las leyes determinen que deba ser consultada; proponer reformas legislativas y reglamentarias para en materia de administración de justicia; aprobar el proyecto de presupuesto del Poder Judicial; nombrar a los miembros propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones; resolver los conflictos entre las competencias entre las Salas de la Corte; designar secretamente al Presidente y Vicepresidente de la Corte; promulgar los reglamentos internos; conocer del recurso de apelación de sentencia, de casación y del procedimiento de revisión de las sentencias dictadas por las Segunda y Tercera Salas; nombrar en propiedad a los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, los inspectores generales del tribunal de la inspección judicial, los jueces de casación y los de los tribunales colegiados, el Fiscal General de la República, el Director y el Subdirector del Organismo de Investigación judicial, al jefe y subjefe de la Defensa Pública; conoce el informe anual del Consejo Superior del Poder Judicial; conocer el informe anual del Consejo Superior del Poder Judicial; avocar el conocimiento y la decisión de asuntos de competencia del Consejo Superior del Poder Judicial; ejercer el régimen disciplinario sobre sus propios miembros y del Consejo Superior del Poder Judicial; establecer los montos para determinar la competencia en razón de la cuantía; establecer los montos para determinar la procedencia del recurso de casación; proponer la creación de Despachos Judiciales; conocer las demandas de responsabilidad que se interpongan contra los Magistrados de las Salas de la Corte; disponer cuáles comisiones de trabajo serán permanentes y designar a los Magistrados que las integran; incorporar al presupuesto del Poder Judicial todo el dinero que pueda percibir por liquidación o inejecución de contratos y otros medios; fijar los días y las horas de servicio de las oficinas judiciales y publicar el aviso respectivo en el Boletín Judicial; emitir las directrices sobre los alcances de las normas; las demás que señalan la Constitución y las leyes.
Corte Constitucional del Ecuador
La Corte Constitucional con sede en la ciudad de Quito, es el máximo órgano de interpretación de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Ecuador. Se integra por nueve jueces que desempeñan el cargo por un periodo de nueve años, sin reelección inmediata y ejercen sus competencias en Pleno y Salas designados por una comisión calificadora integrada por dos personas de las funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social a través de un concurso público, procurando la paridad entre hombres y mujeres. Las Salas están compuestas por una de admisión, una de selección y tres de revisión de procesos constitucionales.
Entre sus principales funciones se destacan las siguientes: conoce y resuelve las acciones públicas de inconstitucionalidad por fondo o por forma contra actos normativos de carácter general que emitan órganos y autoridades del Estado; declara de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas; conoce y resuelve a petición de parte la inconstitucionalidad contra actos administrativos con efectos generales que emita toda autoridad pública y las acciones por incumplimiento presentadas para garantizar la aplicación de normas o actos administrativos de carácter general o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos; expide sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante sobre las acciones de protección, cumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública y demás procesos constitucionales; dirime conflictos de competencias de atribuciones entre funciones del Estado u órganos establecidos en la Constitución; efectúa de oficio el control de constitucionalidad de las declaratorias de los estados de excepción; conoce y sanciona el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales; declara la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o las autoridades públicas que a través de una omisión inobserven los mandatos constitucionales.
