Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina
La Corte Suprema es el más alto tribunal de la República Argentina. Su misión es asegurar la supremacía de la Constitución, interpretar y custodiar los derechos y garantías en ella enunciados. Se integra por cinco ministros, quienes son designados por el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes en sesión pública.
La función Jurisdiccional de la Corte Suprema consiste en resolver los conflictos suscitados entre ciudadanos o entre éstos y el Estado, la interpretación y sistematización de todo el ordenamiento jurídico y el control de constitucionalidad de las normas y actos estatales. Entre las facultades de la Corte Argentina destacan la resolución de: recursos directos por apelación denegada; quejas por retardo de justicia; cuestiones de competencia, conflictos entre jueces y supuestos de privación de justicia; avocaciones; recurso de reconsideración, aclaratoria y reposición de sus propias decisiones; recursos de apelación de las sanciones disciplinarias aplicadas a los magistrados por el Consejo de la Magistratura por cuestiones relacionadas con la eficaz prestación del servicio de justicia.
Ricardo Lorenzetti
Ministro
Supremo Tribunal Federal de Brasil
El Supremo Tribunal Federal de Brasil con sede en la ciudad de Brasilia es el máximo órgano del poder Judicial de dicho país. De conformidad con el artículo 102 de la Constitución Brasileña, la misión del Supremo Tribunal es asegurar la supremacía constitucional. Se compone de once ministros nombrados por el Presidente y aprobados por la mayoría absoluta del Senado.
Entre sus principales atribuciones se encuentra la resolución de: la acción directa de inconstitucionalidad de las leyes u actos normativos ya sean federales o estatales; la acción de declaratoria de constitucionalidad de ley u acto normativo federal; el alegato por incumplimiento de un precepto fundamental derivado de la propia Constitución; y las solicitudes de extradición realizadas por diversos Estados. En materia penal destaca su facultad para resolver en primera instancia sobre las posibles faltas penales cometidas por el Presidente de la República, el Vicepresidente, los Miembros del Congreso, los Ministros del Supremo Tribunal y el Procurador General de la República, entre otros.
Roberto Barroso
Ministro
Corte Constitucional de Colombia
La Corte Constitucional con sede en la ciudad de Bogotá, es un órgano del Poder Judicial y cabeza de la jurisdicción constitucional, se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política. Es independiente a la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Se integra por nueve magistrados designados por el Senado de la República para periodos de ocho años sin posibilidad de reelección, a través de ternas presentadas por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Las sentencias de constitucionalidad son dictadas por la Sala Plena de la Corte y las sentencias de tutela se resuelven entre las nueve Salas de Revisión.
Entre sus principales funciones se destacan las siguientes: decide sobre las demandas de constitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra las leyes, los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno y los actos legislativos reformatorios de la Constitución; resuelve sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución; resuelve sobre la constitucionalidad de los refrendos sobre leyes, soluciona las consultas populares y los plebiscitos de orden nacional en materia constitucional; ejerce el control constitucional sobre los decretos legislativos dictados por el Gobierno al amparo de los estados de excepción; decide sobre las objeciones por inconstitucionalidad que el Gobierno formule contra proyectos de ley de manera integral y previa respecto a los proyectos de ley estatutaria aprobados por el Congreso; resuelve las excusas para asistir a las citaciones realizadas por el Congreso en los términos del artículo 137 de la Carta; declara la exequibilidad de los tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano y revisa las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales.
Corte Constitucional del Ecuador
La Corte Constitucional con sede en la ciudad de Quito, es el máximo órgano de interpretación de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Ecuador. Se integra por nueve jueces que desempeñan el cargo por un periodo de nueve años, sin reelección inmediata y ejercen sus competencias en Pleno y Salas designados por una comisión calificadora integrada por dos personas de las funciones Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social a través de un concurso público, procurando la paridad entre hombres y mujeres. Las Salas están compuestas por una de admisión, una de selección y tres de revisión de procesos constitucionales.
Entre sus principales funciones se destacan las siguientes: conoce y resuelve las acciones públicas de inconstitucionalidad por fondo o por forma contra actos normativos de carácter general que emitan órganos y autoridades del Estado; declara de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas; conoce y resuelve a petición de parte la inconstitucionalidad contra actos administrativos con efectos generales que emita toda autoridad pública y las acciones por incumplimiento presentadas para garantizar la aplicación de normas o actos administrativos de carácter general o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos; expide sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante sobre las acciones de protección, cumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública y demás procesos constitucionales; dirime conflictos de competencias de atribuciones entre funciones del Estado u órganos establecidos en la Constitución; efectúa de oficio el control de constitucionalidad de las declaratorias de los estados de excepción; conoce y sanciona el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales; declara la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o las autoridades públicas que a través de una omisión inobserven los mandatos constitucionales.
Daniela Salazar Marín
Vicepresidenta