Internacional

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) inauguró el Año Judicial Interamericano 2024 y realizó la toma de posesión de la nueva directiva para el bienio 2024-2025 el 29 de enero, en la Ciudad de San José, Costa Rica.

En esta ceremonia, la Jueza Nancy Hernández López, de nacionalidad costarricense, y el Juez Rodrigo Mudrovich, de nacionalidad brasileña, tomaron posesión de sus cargos como presidenta y vicepresidente de este órgano jurisdiccional, respectivamente. Ambos recibieron simbólicamente sus cargos de manos de los jueces Ricardo Pérez Manrique y Eduardo Ferrer MacGregor, presidente y vicepresidente del bienio anterior.

Al acto inaugural asistió la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por invitación de la jueza Nancy Hernández. Asimismo, la Ministra Presidenta sostuvo una reunión con integrantes de la CoIDH, en la que se intercambiaron experiencias sobre el sistema de impartición de justicia y se fortalecieron vínculos interinstitucionales.

Al acto inaugural, también asistieron el presidente de la República de Costa Rica, Sr. Rodrigo Chaves Robles; el presidente de la Asamblea Legislativa, Sr. Rodrigo Arias; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Sr. Orlando Aguirre; la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Sra. Eugenia Zamora, así como magistradas y magistrados del Poder Judicial costarricense y representantes del Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales acreditados.

En su discurso inaugural, la Jueza Nancy Hernández López, agradeció la distinción de ser electa como Presidenta y reconoció el trabajo de sus compañeras y compañeros jueces de la CoIDH. Se refirió a la labor de la Corte IDH en materia de reparaciones, las cuales trascienden las obligaciones económicas de los Estados y se fundamentan en un sistema de reparación integral caracterizado por medidas de no repetición y el diseño de políticas públicas que contribuyen a largo plazo, a la solución de los desafíos estructurales que se presentan en los casos conocidos por ese Tribunal.

De la misma manera, destacó que la Corte contribuye a la defensa de grupos en situación de vulnerabilidad, a través del establecimiento de estándares relevantes para el debido proceso y el acceso a la justicia. También reconoció la importancia de la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales en el marco de los derechos humanos.

Finalmente, sugirió que, en un futuro, la Corte IDH cuente con juezas y jueces de tiempo completo por la carga de trabajo; asimismo, señaló la importancia de establecer un sistema digitalizado de expedientes que contribuya a la eficiencia, transparencia y accesibilidad en los procesos. Finalmente, reiteró su compromiso de fortalecer la relación con las personas juzgadoras y operadoras de justicia de la Región, a través del diálogo.

En el marco de la presidencia de Brasil del Grupo de los Veinte (G20) y del Año Dual "Presencia de México en Brasil y de Brasil en México”, en conmemoración del 190 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales entre ambos países, la Ministra Lucía Piña Hernández, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió la visita de cortesía del Embajador de la República de Brasil en México, Fernando E. Lins de Salvo Coimbra, el pasado 8 de enero.

Durante la reunión, el Embajador Lins de Salvo entregó a la Ministra Presidenta la invitación del Presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Luís Roberto Barroso, para que este Alto Tribunal participe en la “Cumbre de Presidentes y Presidentas de Cortes Supremas y Constitucionales de los países miembros del G20”.

Durante la reunión, explicó que uno de los principios de la Constitución brasileña es promover la integración de América Latina y fortalecer lazos (sociales y culturales) entre los países que la integran, así como el reconocimiento del principio del derecho de propiedad ambiental a los pueblos originarios. En este sentido, ambas partes acordaron fortalecer el diálogo entre los poderes judiciales de ambos países y estrechar lazos jurisprudenciales, promoviendo el intercambio de experiencias y sentencias, especialmente en materia de medio ambiente, migración e igualdad.

El Embajador Lins de Salvo Coimbra cuenta con una carrera diplomática de más de 30 años y ha fungido como representante de su país ante diversas instancias del Sistema de Naciones Unidas como el Programa para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), ambos con sede en Nairobi. Asimismo, fue Ministro-Consejero en la Embajada de Brasil en Lisboa y sirvió en las misiones diplomáticas en Nueva Delhi, Quito y Washington, D.C.

El 24 de agosto del 2023, la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (DGRI) transmitió la tercera sesión de los Diálogos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos titulada ‘‘Debido proceso en los procedimientos para la determinación de la condición de persona refugiada y apátrida y el otorgamiento de protección complementaria’’, con la participación como ponente de la Lic. Nydia Juárez González, especialista en derechos humanos de la Relatoría de Personas Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la moderación de la Lic. María Fernanda Téllez-Girón García, Subdirectora de Sistematización de Información de la DGRI.

La experta en derechos humanos, Nydia Juárez, partió de la “Resolución 04/19 Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de Trata de Personas” la cual establece directrices para los Estados y organizaciones de la sociedad civil. Explicó que la CIDH entiende por “protección internacional” a aquella que ofrece un Estado u organismo internacional a una persona cuyos derechos humanos son amenazados o vulnerados en su país de nacionalidad o de residencia habitual y que comprende tanto la que se otorga a las personas solicitantes de asilo y refugio(1), la que recibe cualquier persona de nacionalidad extranjera (2) y la que recibe cualquier persona apátrida. La diferencia de esta protección con la llamada “complementaria”, prevista en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, es que esta última se otorga a las personas que aun no siendo reconocidas como asiladas o refugiadas, no pueden ser devueltas al territorio de otro país cuando su vida o libertad estén en peligro, o existan sospechas fundadas sobre la posibilidad de sufrir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes al volver a su país de origen.

A continuación, mencionó el “Informe sobre Debido Proceso en los Procedimientos para la Determinación de la Condición de Persona Refugiada y Apátrida, y el Otorgamiento de Protección Complementaria”, que identifica los principios y elementos clave que deben ser garantizados en los procedimientos de protección internacional. Además, señaló que la CIDH en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicaron la Guía Práctica sobre Protección Internacional y Regularización de la condición legal en el contexto de movimientos mixtos a gran escala en las Américas, que aborda el contexto de los desplazamientos diferenciados en la región.

A continuación, mencionó el “Informe sobre Debido Proceso en los Procedimientos para la Determinación de la Condición de Persona Refugiada y Apátrida, y el Otorgamiento de Protección Complementaria”, que identifica los principios y elementos clave que deben ser garantizados en los procedimientos de protección internacional. Además, señaló que la CIDH en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicaron la Guía Práctica sobre Protección Internacional y Regularización de la condición legal en el contexto de movimientos mixtos a gran escala en las Américas, que aborda el contexto de los desplazamientos diferenciados en la región.

Asimismo, la ponente subrayó la importancia del principio de no devolución y la prohibición de expulsiones colectivas que implican no rechazar personas en la frontera sin un análisis adecuado y personalizado de sus peticiones, de la misma manera agregó que el retraso en la consideración de las solicitudes de asilo e imposición de regreso temporal puede resultar en violaciones a los derechos humanos. Paralelamente a estas recomendaciones, el ingreso irregular a un país no puede considerarse un delito, por lo que las detenciones automáticas resultan improcedentes.

La CIDH ha determinado que toda persona sometida a cualquiera de estos procedimientos debe tener garantía de protección a sus derechos procesales, como el derecho a la información y orientación legal adecuada, por ejemplo: el acceso a intérpretes y traductores, así como a representantes de ACNUR. Asimismo, deberá garantizarse su derecho a ser escuchadas y a que se protejan sus datos personales, así como, brindar la posibilidad de utilizar todos los medios legales de prueba para valorar los hechos planteados en la solicitud de asilo. Todo caso debe ser resuelto tomando en cuenta el principio pro persona y procurando el acceso en condiciones de igualdad y de no discriminación.

Concluida la exposición, se dio paso a la sesión de preguntas y respuestas con la participación del público experto. Durante este intercambio abierto de opiniones se mencionó que los desplazamientos forzados de personas que se observan actualmente son detonados, principalmente, por los desafíos que enfrentan los países como las afectaciones a su democracia, conflictos internos, la falta de presencia de los Estados en regiones abandonadas, crisis económicas, desigualdad social y crisis ambientales derivadas del cambio climático. Asimismo, se reflexionó sobre los mecanismos migratorios que establecen algunos países y como éstos restringen el derecho al refugio y asilo, a lo que la especialista en derechos humanos propuso que la aplicación del principio de igualdad y no discriminación se haga sobre la base de la nacionalidad y situación de apatridia.

Por último, se abordó la debida protección a los niños, niñas y adolescentes no acompañados o con familias, remitiéndose a la Resolución 04/19, que refiere garantizar el debido proceso con especial atención al interés superior de las niñas, niños y adolescentes y donde se incorpora la necesidad de que su opinión sea escuchada y tomada en cuenta en los procedimientos, lo que favorece el principio de unidad familiar.

Al finalizar las participaciones del público especializado, la abogada Nydia Juárez concluyó que la Comisión ha tenido como prioridad la difusión de principios, prácticas y estándares interamericanos con la intención de que sean incorporados por los Estados, mediante la coordinación con otros organismos y organizaciones de la sociedad civil.

(1) Conforme a lo establecido en los tratados internacionales y legislaciones internas, así como las que lo solicitan conforme a la definición ampliada que incorpora la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados.

(2) Con base en las obligaciones internacionales de los derechos humanos que tienen los Estados, particularmente bajo el principio de no devolución.

El 4 de octubre del 2023, la Dirección General de Relaciones Institucionales (DGRI) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación transmitió la cuarta sesión de los Diálogos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, titulada ‘‘Reparaciones transformadoras con perspectiva de género’’. Participó como ponente la Comisionada Julissa Mantilla Falcón, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y moderó la maestra Gabriela Morales Gracia, Subdirectora General de Vinculación con Instituciones y Organismos Internacionales de la DGRI.

La sesión se llevó a cabo en dos secciones: la primera abarcó la exposición inicial de la Comisionada Julissa Mantilla y durante la segunda el público experto planteó preguntas que detonaron la reflexión y el diálogo.

La maestra Gabriela Morales Gracia inició el diálogo con la pregunta “En el sistema de derechos humanos, ¿cómo se construye la doctrina de reparaciones?” A lo que la Comisionada Julissa Mantilla explicó que las reparaciones son una obligación de los Estados para reparar o indemnizar a la parte afectada ante una violación de derechos humanos, refirió que para el Sistema Interamericano el tratado de referencia es la Convención Americana de los Derechos Humanos, la cual plantea reparaciones con perspectiva de género a partir del principio de no discriminación, al igual que la Convención de Belem do Pará lo establece a nivel de tratado internacional especializado. Se hizo hincapié en la importancia de una reparación integral con medidas de rehabilitación, de satisfacción o garantías de no repetición, donde no sólo se tomen en cuenta las medidas de indemnización. Cabe mencionar que estas reparaciones se deben hacer con perspectiva de género y con enfoque interseccional, dependiendo el caso, por ejemplo, una mujer de una población rural, con alguna discapacidad o una mujer transexual, etc., ahí lo que se espera es que las víctimas participen directamente procurando el monitoreo de cada caso para lograr una reparación efectiva.

Ante la pregunta: ¿cómo se ha constatado la efectividad de las reparaciones transformadoras y con perspectiva de género?, la Comisionada Julissa Mantilla respondió con el ejemplo del caso Martha Lucia Álvarez contra Colombia, el cual logró que se establecieran reglamentos en las prisiones para que la visita conyugal se llevara a cabo en condiciones de igualdad y no discriminación, lo cual fue de gran impacto para los derechos de las de las personas LGBTI+ privadas de la libertad en ese país.

Durante la segunda parte de esta cuarta sesión de los Diálogos, el público participó con preguntas y reflexiones referentes a la importancia del Sistema Interamericano para el respeto a los derechos de las mujeres, así como el aprovechar las herramientas judiciales desde la sociedad civil, donde además la academia deberá incrementar su participación.

Asimismo, a partir de una reflexión entre el público experto, la Comisionada Mantilla comentó lo fundamental que es la reparación simbólica para las víctimas, narrar el caso al iniciar una denuncia y ser escuchadas, les permite sanar.

La Comisionada Mantilla Falcón afirmó que los órganos legislativos de los Estados juegan un papel esencial al ratificar los instrumentos internacionales para la protección de derechos humanos; la aplicación de políticas públicas y capacitación efectiva de los funcionarios judiciales pueden hacer un cambio significativo en el entendimiento del Sistema Interamericano y el derecho a la reparación integral y con perspectiva de género.

México participó en la XXI Edición de este foro especializado que reúne a las Cortes y Tribunales Supremos y Consejos de la Judicatura y de la Magistratura de 23 países de la región. La Asamblea Plenaria de Presidentas y Presidentes de esta edición, con el eje temático “Por una carrera judicial independiente y eficaz”, se celebró en Lima, Perú del 20 al 22 de septiembre, y la delegación del Poder Judicial de la Federación estuvo a encabezada por los Ministros Luis María Aguilar Morales, y Alberto Pérez Dayán, así como por la Consejera Lilia Mónica López Benítez.

En el marco del “Premio a la Igualdad: Reconocimiento Iberoamericano de Sentencias con Perspectiva de Género” otorgado por la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia para distinguir y reconocer sentencias garantes del derecho a la igualdad y no discriminación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue galardonada con el primer y tercer lugar por las Acciones de Inconstitucionalidad 148/2017, del 7 de septiembre de 2021, y 54/2018, del 21 de septiembre de 2021, respectivamente. Ambas resoluciones cumplieron con los criterios establecidos en la convocatoria al identificar sesgos, brechas y estereotipos de género con posibles afectaciones hacia las partes en un proceso judicial, permitiendo que dichos elementos fueran considerados y juzgados con perspectiva de género.

La Asamblea Plenaria reiteró su compromiso con la equidad de género al recoger las propuestas presentadas por la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia en torno a incorporar la perspectiva en todo el quehacer de la Cumbre Judicial Iberoamericana y los Poderes Judiciales que la integran.

En esta edición, la SCJN participó en el Grupo de Trabajo 1 “Selección de Jueces y Juezas y permanencia en la Carrera Judicial”, el cual estuvo integrado por 10 países incluido México que, junto con Chile y España, coordinó las actividades de este grupo. Además, estuvo a cargo del diseño, redacción y revisión de la “Guía de Buenas Prácticas en materia de Inclusión e Interseccionalidad en la Carrera Judicial”, herramienta orientativa que busca visibilizar los programas y las acciones implementadas por los poderes judiciales de la CJI para promover la inclusión y la interseccionalidad en la carrera judicial en fortalecimiento de la función jurisdiccional.

La SCJN seguirá participando activamente en la edición XXII de la CJI cuyo eje temático es: ‘‘Justicia al día para garantizar la Dignidad de las Personas”.

Se llevó a cabo la reunión ordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC) el pasado 13 de junio en Santo Domingo, República Dominicana a esta reunión asistió la Consejera Lilia Mónica López Benítez como observadora de dicho foro y en representación de la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de México. Como acto de inauguración se llevó a cabo el traspaso de la presidencia pro tempore por parte de la magistrada Maite D. Oronoz Rodríguez, Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico al juez Luis Henry Molina Peña, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana quien asumió el cargo.

Durante la reunión del CJCC los grupos de trabajo de cada país presentaron informes de las labores desarrolladas en este período y los sometieron a la aprobación de los presidentes y presidentas de Poderes Judiciales, los informes versaron sobre temas como el combate al delito de narcotráfico, lavado de activos, justicia restaurativa, justicia al día, avances tecnológicos, cooperación judicial, justicia oportuna, estado de derecho y seguridad jurídica.

También se aprobó la celebración de la reunión extraordinaria del Consejo a realizarse de manera presencial del 23 al 26 de agosto del año en curso en la República de Panamá.

Finalmente, se seleccionó a la Suprema Corte de Justicia de Panamá para ser sede de la presidencia pro tempore del Consejo para el período 2024-2025 y como sede alterna a la Suprema Corte de Guatemala, país que ocupará la presidencia pro tempore para el período siguiente inmediato.

El CJCC es un órgano regional que promueve e integra políticas en materia de aplicación de justicia y seguridad jurídica entre los Poderes Judiciales de sus países miembros, mediante el establecimiento de canales permanentes de diálogo, sus principales objetivos son fomentar la cooperación institucional entre los Poderes Judiciales, presentar propuestas concretas en el ámbito judicial así como la homologación de instancias de auxilio judicial, además de procurar el consenso de estrategias que permitan la creación de proyectos en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana y otros foros internacionales.

El Poder Judicial de la Federación ha participado en calidad de observador en las reuniones ordinarias del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, al ser el Estado mexicano Observador Regional del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) desde 2004.

El 8 de junio del año en curso la Dirección General de Relaciones Institucionales transmitió la tercera sesión de los Diálogos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos titulada ‘Derecho a un Medio Ambiente Sano’, en esta ocasión participó como ponente la Relatora Especial Soledad García Muñoz, sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mtro. Santiago J. Vázquez Camacho, Director General de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como moderador.

La sesión se desarrolló en dos secciones, en la primera parte se hizo una exposición inicial a cargo de la Relatora García Muñoz y en la segunda parte hubo un espacio para las preguntas, respuestas y comentarios de las personas expertas que asistieron virtualmente.

El maestro Santiago Vázquez abrió el diálogo por medio de la pregunta ¿Cuál es el rol de la relatoría y cuales son sus aportes al desarrollo de la agenda de la Comisión? y por otra parte ¿de qué manera la Relatoría aporta a la justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)? A lo que la relatora García Muñoz respondió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al crear la Relatoría estableció una estructura para promover y proteger los DESCA y ambientales en la región; donde la agenda de trabajo se basa en el principio de indivisibilidad e interdependencia de los DESCA la cual abarca derechos fundamentales como el derecho a la salud, al agua, los derechos sociales, la vivienda, la cultura y el derecho al cuidado. También mencionó que durante la pandemia la REDESCA ayudó a desarrollar estándares para la resolución de sentencias en el Sistema Interamericano, con temas relacionados a la crisis del calentamiento global, por ejemplo, en la resolución 3/2021 para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Durante su ponencia, la Relatora García Muñoz destacó que los DESCA tienen un carácter de progresividad, mismos a los que se les procura un enfoque de igualdad de género e interseccionalidad, donde no hay que perder de vista la dinámica intergeneracional que también se origina. Por otro lado, menciona la importancia de los DESCA para dar visibilidad a colectivos como las personas en situación de calle, con lo cual nos compartió su experiencia acerca de la visita de trabajo que realizó a Los Ángeles, así como los recicladores informales, los cuales tienen un rol fundamental para el cuidado y del medio ambiente mismos que aportan directamente a la cultura de los DESCA y su evolución.

El origen del principio de progresividad de los DESCA es convencional, mencionó la relatora, ya que los instrumentos internacionales que firmaron los Estados comprometen al desarrollo progresivo en cada país, al respecto la Observación General no. 3 del Comité DESCA establece que la progresividad es una obligación, donde se debe evitar caer en lo estático contribuyendo constantemente a las resoluciones y políticas en favor de los derechos humanos.

Al respecto, el Mtro. Santiago Vázquez, pidió a la relatora ahondar en el derecho a un medio ambiente sano y las obligaciones del Estado. Por otra parte, la relatora García Muñoz mencionó que la Opinión Consultiva 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2017 explica la relación entre el medio ambiente y los derechos humanos, así como la importancia del Acuerdo de Escazú el cual es tomado en cuenta por la CIDH y la REDESCA por que fortalece y complementa estándares como los presentados en el informe Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos.

Por otro lado, resaltó que el sistema Interamericano es pionero en reconocer el derecho a un medio ambiente sano a través del artículo 11 del Protocolo de San Salvador en 1988, actualmente el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador es quien monitorea el desarrollo de los DESCA con un sistema de indicadores. Asimismo, mencionó que los DESCA tienen interdependencia con los derechos civiles como el derecho de acceso a la información pública, participación efectiva y el acceso a la justicia.

A continuación, recalcó la necesidad de apoyo de todos en la cultura del cuidado del medio ambiente, y aprovechó el momento para relatar acerca de una visita de trabajo que la abogada hizo a la Ciudad de México donde pudo apreciar las condiciones de trabajo de los recicladores, así como el impacto de su labor en la protección de nuestro derecho al medio ambiente sano.

Es importante mencionar que el constitucionalismo latinoamericano ha evolucionado impulsando en algunos países como Bolivia, Ecuador, o Colombia donde la naturaleza no se protege solo porque es útil al ser humano, sino porque el medio ambiente y la naturaleza es en sí mismos son valiosos y sujetos de protección.

Por último, la relatora, compartió que en la opinión consultiva 3/2021 Emergencia climática: alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos, es relevante porque es el primer set de estándares del sistema interamericano donde se habla de una emergencia climática, es una herramienta que incorpora la participación de la sociedad civil y la academia, donde se invita a la mayor participación en foros internacionales a que se analice el cambio climático desde una perspectiva de derechos humanos. Y de la misma manera invita a discutir temas prioritarios como la protección de defensores y defensoras ambientales que juegan un rol de protección para los pueblos indígenas; además contiene recomendaciones concretas para la protección de las generaciones futuras y participación efectiva de niños, niñas y adolescentes.

Durante la segunda sección del evento, las participaciones del público especializado iniciaron con la Sra. Dolores Barrientos Alemán, representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), quien compartió su experiencia respecto al combate de la contaminación por plásticos en México y la labor extenuante que es poder impactar en las políticas públicas federales, donde el camino de mayor impacto y facilidad fue comenzar a trabajar con las economías locales por lo abiertos que estuvieron en la participación de sus comunidades, así como el impulso simultáneo de regulaciones municipales y leyes estatales. Sin embargo, comentó, las grandes empresas se han acompañado de herramientas jurídicas que han detenido constantemente la progresividad de los DESCAS en ciertos lugares de la república; a lo que la relatora García Muñoz le recordó que el Sistema Interamericano puede ser de gran apoyo en dichos casos desde la consulta de los estándares interamericanos como el Informe de Empresas y Derechos Humanos, así como acudir a sus respectivas instancias.

Enseguida, Florian Huber Director de la Oficina en México de la Fundación Henrich Bolt preguntó ¿Cómo es que se garantiza el derecho al medio ambiente sano? y ¿cuál es el papel de la rama judicial en estos casos? A lo que la experta en DESCA respondió que Idealmente en los proyectos de infraestructura con posible impacto ambiental y social, se espera que haya consultas previas y se sigan los estándares en beneficio del medio ambiente, donde además se aplique el acuerdo de Escazú como medida complementaria.

Para finalizar el evento, fue turno del Dr. José Antonio Guevara Bermúdez, Director Adjunto de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Quien preguntó sobre ¿cómo resignificar las medidas cautelares? La abogada García Muñoz, respondió que las medidas cautelares evolucionan protegiendo y cruzando derechos, por ejemplo, no solamente se protege el derecho a la vida y la integridad personal, sino que también se protege el derecho a la salud; hay que mencionar además que deben ser situaciones urgentes, graves e irreparables donde hay una ardua labor de justificación para aplicar las medidas cautelares.

En seguida, el Mtro. Santiago Vázquez dio cierre a los Diálogos, agradeciendo a la relatora Soledad García Muñoz, al público que participó y a los asistentes.

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Del 28 al 30 de junio de 2023 se llevó a cabo la Segunda Reunión Preparatoria de la XXI edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia bajo el eje temático “Por una Justicia Independiente y eficaz”. Este encuentro reunió a las Coordinadoras y Coordinadores Nacionales, representantes de los Grupos de Trabajo e invitados especiales de los 23 países miembros de la Cumbre.

Durante estos días se rindieron los siguientes informes de actuación: i) Comisión Permanente de Cooperación Judicial Internacional, ii) Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia, iii) Portal de Sentencias sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, iv) Portal Iberoamericano de Estadística Judicial y v) Comisión de Coordinación y Seguimiento.

Fueron presentados y aprobados los productos de los cuatro grupos de trabajo:

• 1. Selección de jueces y juezas y permanencia en la carrera judicial,
• 2. Plan estratégico para una evaluación eficaz del desempeño de la judicatura con perspectiva de salud y bienestar judicial,
• 3. Régimen disciplinario y sus garantías; y
• 4. Hecho tecnológico y función jurisdiccional.

La Asamblea Plenaria de Presidentas y Presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Superiores de Justicias y de los Consejos de la Judicatura tendrá verificativo del 20 al 22 de septiembre de 2023, en la ciudad de Lima, Perú y tendrá como propósito el culminar los trabajos desarrollados durante los últimos dos años e iniciar los preparativos para llevar a cabo la XXII edición.

El pasado jueves 13 de abril, la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, organizó la primera sesión de los Diálogos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que llevó por título "Protección a personas defensoras de derechos humanos".

En la sesión participó como ponente el Comisionado Joel Hernández García, Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue moderada por el maestro Santiago J. Vázquez Camacho, Director General de Relaciones Institucionales de este Alto Tribunal. La primera parte del diálogo inició con las preguntas detonantes que realizó el maestro Vázquez Camacho al Comisionado Hernández con el objetivo de definir quienes son las personas defensoras de derechos humanos, sus contextos, retos y perspectivas.

El Comisionado Hernández mencionó que las personas defensoras de derechos humanos son todas aquellas que promueven, protegen y procuran el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por otro lado, al defender y denunciar las vulneraciones a derechos humanos estas personas se ven expuestas a diferentes riesgos.

Después, el Mtro. Vázquez Camacho preguntó sobre el derecho a defender los derechos humanos, a lo que el Comisionado Joel Hernández puntualizó que ese derecho está previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Resolución 1671 de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos del 7 de junio de 1999.

Al preguntarle sobre la independencia judicial e imparcialidad en los procesos jurisdiccionales y cómo se relacionan con las personas defensoras de derechos humanos. El comisionado refirió que los operadores de justicia actúan como defensores de derechos humanos cuando garantizan el acceso a la justicia de manera imparcial y protegiendo los derechos de las víctimas. Por otro lado, la independencia de las personas juzgadoras caracteriza la separación de poderes que, al proyectarse en una dimensión individual e institucional, ya que la independencia judicial es un presupuesto del debido proceso.

En seguida, el Comisionado Hernández y el Mtro. Vázquez Camacho reflexionaron sobre el tema del principio democrático en el contexto de un estado constitucional de derecho; donde se dijo que la característica principal de un Estado de derecho es el reconocimiento y defensa del derecho a defender los derechos humanos, donde el rol de los defensores al ejercer su derecho libremente y sin ninguna coacción, coadyuvan en la construcción de una sociedad democrática.

Además se recordó la importancia del respetar y garantizar los derechos humanos como lo dice el artículo 1ero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde los Estados tienen la obligación de no hacer, es decir que no deben inhibir la función de los defensores de derechos humanos y también tienen la obligación de hacer, la cual significa realizar acciones positivas para promover el derecho a defender los derechos humanos, como contribuir a una narrativa positiva sobre esta labor y proveer el ambiente necesario para la seguridad de los defensores. Una tercera obligación es la de protección a través de la creación de mecanismos que protejan la integridad de los defensores, y por último una cuarta obligación que es la de investigar todo atentado contra la vida de personas defensoras donde se sancione toda vulneración a sus derechos, así como la reparación integral a las víctimas.

En la segunda parte del diálogo se realizó una ronda de preguntas por parte del público especializado hacia el Comisionado Hernández, a la videoconferencia asistieron representantes de instituciones y organizaciones civiles; y entre las participaciones que generaron mayor reflexión, fueron:

El representante del Colectivo ANSUR, Julián David García quien preguntó sobre la experiencia y el futuro de los mecanismos de protección, a lo que el Comisionado Hernández recordó a la audiencia que la Comisión Interamericana provee asistencia técnica para los mecanismos, por ejemplo, el reciente desarrollo de una guía para el análisis de riesgo de las personas defensoras de derechos humanos.

A continuación, participó Abygail Islas López de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien preguntó si existe algún criterio para definir una protesta pacífica, a lo que el Comisionado respondió que, el Estado debe facilitar la realización de esta y aunque puede reconocer el malestar social, la protesta no debe poner en peligro los derechos de terceros. El estado tiene una doble obligación para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y también proteger a quienes no participan en ella.

Posteriormente, Natalia Barreto, Asesora de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México, planteó la cuestión sobre qué puede hacer un actor como la Unión Europea respecto a la impunidad y el acceso a la justicia en casos de acoso y asesinato de defensores de derechos humanos, a lo que el Comisionado reiteró que se requiere la participación de todos los defensores e interesados en la protección de derechos humanos y resaltó la importancia de crear una narrativa positiva, así como el reconocimiento al trabajo de los defensores.

En el turno de Sergio Manuel Rivera Camacho, investigador del PRADPI de la Universidad de Alcalá en España, preguntó respecto a los mecanismos de protección ¿si existen medidas que realmente contemplen protecciones colectivas, que garanticen el derecho a defender los derechos humanos? El Comisionado Joel Hernández, puntualizó que los mecanismos no solamente deben ser reactivos, sino que deben contemplar las causas de raíz de las posibles amenazas y las causas subyacentes de los riesgos para las personas defensoras de derechos humanos; se deben atender las causas estructurales de los riesgos que corren. Por ejemplo, con los defensores del medio ambiente, de la tierra o de los pueblos indígenas y la situación actual de nuestro continente al vivir una economía extractivista, se suele pasar por alto el apoyo a proyectos sustentables en el tiempo, a lo que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece el principio de consulta o consentimiento previo, libre e informado como una medida idónea para atacar ael problema de raíz en cuanto a la defensa del medio ambiente.

En las participaciones posteriores el auditorio reflexionó sobre el rol del poder judicial en la criminalización de la defensa de derechos humanos, así como las vías inmediatas para enfrentar dicha criminalización.

El pasado 30 de marzo, la Dirección General de Relaciones Institucionales, en coordinación con el Centro de Estudios Constitucionales ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México organizaron los ‘‘Diálogos sobre ética judicial’’ con la participación del doctor Manuel Atienza de la Universidad de Alicante y moderado por el doctor Juan Jesús Garza Onofre, Investigador Asociado de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

El Director General de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte, el maestro Santiago José Vázquez Camacho fue el encargado de dar la bienvenida a los diálogos. El evento se desarrolló en forma de diálogo y tuvo dos etapas: en la primera los doctores Atienza y Garza dialogaron utilizando una serie de preguntas detonantes relacionadas con la ética en el ámbito jurisdiccional y en la segunda parte se permitió al público hacer preguntas relacionadas al tema.

Durante el diálogo, el Dr. Manuel Atienza enfatizó que la argumentación jurídica tiene un componente moral ineludible, sin que ello justifique que los jueces se conviertan en “comentadores morales”. En consecuencia, comentó que la labor jurisdiccional y la aplicación de criterios éticos en la resolución de asuntos de su competencia debe realizarse dentro del marco del derecho aplicable, por lo tanto, las personas juzgadoras deben ejercitar constantemente sus habilidades de argumentación. En ese sentido, indicó que para reforzar la ética y enfrentar mejor los conflictos morales, es necesario que además de la implementación de un modelo de sanciones, las instituciones deben diseñarse de tal manera que sean difíciles de corromper, se fomente la adecuada motivación de los fallos y se abran espacios de intercambio donde se pueda argumentar y opinar.

En seguida, el Dr. Garza Onofre preguntó ¿cómo pueden crearse los espacios para la argumentación dentro de las instituciones?, a lo que el Dr. Atienza contestó que es necesario entender al sistema jurídico como un subsistema del sistema social, donde modificar cualquiera de los sistemas va a producir cambios alrededor; Asimismo, invitó a mejorar sin dejar de ser realistas, resaltando que los mínimos cambios positivos tienen eco en el sistema.

Posteriormente, los panelistas conversaron sobre la dificultad contramayoritaria generada por el control de constitucionalidad de leyes que realizan los órganos jurisdiccionales y el Dr. Manuel Atienza comentó que la elección democrática de los jueces a través de las urnas resultaría disfuncional, ya que la misión de las personas juzgadoras no es parlamentaria, sino jurisdiccional, a lo que concluyó diciendo que la democracia tiene su propio espacio.

Asimismo, ambos reflexionaron acerca de la división de la ética judicial donde resalta la teoría de la justicia y deontología profesional.

Por otro lado, el Dr. Garza Onofre, invitó al Dr. Manuel Atienza a reflexionar sobre la actividad jurídica en el contexto tecnológico y el papel de la judicatura en las redes sociales. Sobre ese tema, el Dr. Atienza recomendó la prudencia junto y que se emplee el principio de precaución. Además, señaló que la polarización de las redes sociales hace difícil que las personas juzgadoras puedan contribuir a la opinión pública de manera adecuada. Mencionó también, que es diferente tener presencia y otra ser activo en redes sociales, finalizando con que los jueces deben elegir el medio más propicio para el intercambio de ideas.

Para finalizar el Diálogo se invitó a las personas del público a participar con el Dr. Atienza. Durante este ejercicio, surgieron preguntas relativas a casos particulares como la posibilidad de que un órgano jurisdiccional inaplique disposiciones legales en aras de defender principios éticos, además se reflexionó sobre temas como las corrientes del feminismo y el lenguaje inclusivo.

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