Sentencias relevantes en materia de Derechos Humanos: Personas, pueblos y comunidades indígenas

Datos de la Sentencia:
Acción de inconstitucionalidad 109/2020

Tema

Derecho de acceso a la información relevante y/o esencial en materia de salud reproductiva

Sinópsis

La CNDH demandó la invalidez del último párrafo del artículo 68 de la Ley de Salud del Estado de Yucatán, al considerarlo contrario a la Constitución Federal pues era discriminatorio y contrario al derecho de igualdad, salud y acceso a la información, al no contemplar que existen personas en dicha entidad federativa que hablan otras lenguas indígenas, como el chol, tzeltal, mixe y zapoteco.

El Pleno inició el análisis del artículo 68, último párrafo, de la Ley en referencia, que prevé que la información y orientación en materia de planificación familiar que se otorgue en comunidades indígenas deberá proporcionarse en español y lengua maya. El proyecto presentado propone invalidar el precepto aludido por vulnerar los derechos de acceso a la información relevante y/o esencial en materia de salud reproductiva de las minorías de lengua indígena que no contempla, así como vincular al Congreso local a legislar en lo sucesivo conforme a los estándares vertidos en la sentencia.

Datos de la Sentencia:
Acción de inconstitucionalidad 109/2020

Tema

Derecho de acceso a la información en materia de salud reproductiva

Sinópsis

La CNDH demandó la invalidez del último párrafo del artículo 68 de la Ley de Salud del Estado de Yucatán, que prevé que la información y orientación en materia de planificación familiar que se otorgue en comunidades indígenas deberá proporcionarse en español y lengua maya. Esto al considerar que era discriminatorio y contrario al derecho de igualdad, salud y acceso a la información, al no contemplar que existen personas en dicha entidad federativa que hablan otras lenguas indígenas.

El Pleno analizó el artículo y presentó un proyecto que propone invalidar dicha disposición por vulnerar los derechos de acceso a la información relevante y/o esencial en materia de salud reproductiva de las minorías de lengua indígena que no contempla, así como vincular al Congreso local a legislar en lo sucesivo conforme a los estándares vertidos en la sentencia. Además, siendo que la disposición impugnada sólo establecía las lenguas en las que se debía entregar información sobre planificación familiar a las comunidades indígenas, no se actualizaba, en suplencia de la queja, la obligación de consultar a los pueblos y comunidades de manera previa a la expedición de la norma. Asimismo, añadió que el acceso a la información en una materia como es el derecho a la salud constituye un deber oficioso a cargo del estado, de conformidad con los artículos 2º, 4º y 6º de la Constitución Federal y las disposiciones internacionales en la materia. Por ello, el Estado debe tomar medidas adecuadas de información y educación que habilite a las personas a tomar decisiones libres y conscientes sobre su salud sexual, reproductiva y de planificación familiar, el cual debe ser brindado sin discriminación a los diversos sectores de la población y en general.

Datos de la Sentencia:
Amparo en Revisión 498/2021

Tema

Derecho a una consulta previa y derecho a un medio ambiente sano

Sinópsis

La SEMARNAT autorizó de manera condicionada el proyecto denominado Planta de Amoniaco 2200, en Topolobampo, Sinaloa, por lo que miembros de la comunidad indígena referida que tiene su asiento en la misma bahía que la planta de amoniaco consideraron que la autoridad ambiental omitió realizar una consulta previa, libre e informada.

Como lo ha hecho en otros casos, la Segunda Sala de la SCJN señaló que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta previa, libre e informada está previsto en la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Consecuentemente, las comunidades afectadas deben ser involucradas lo antes posible en el proceso, durante las primeras etapas del plan o proyecto de desarrollo y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad. Asimismo, hizo especial énfasis en que la autoadscripción de las personas es un elemento suficiente para ser considerados como integrantes de pueblos o comunidades indígenas y que los derechos que les reconoce la Constitución corresponden en principio a dichos grupos de forma colectiva, sin embargo, también permite que cualquiera de sus miembros o integrantes pueda solicitar de forma individual dichas prerrogativas ante una afectación personal y colectiva al mismo tiempo. Por tal motivo al concedió el amparo a la comunidad indígena Mayo-Yoreme para que se realicé la consulta en cuestión para respetar las opiniones de los miembros de la comunidad.

Datos de la Sentencia:
Amparo en Revisión 275/2019

Tema

Derechos de libre circulación y tránsito dentro del territorio nacional

Sinópsis

En el caso, unas personas mexicanas pertenecientes a una comunidad indígena, entre ellos una mujer adolescente, promovieron juicio de amparo, en contra de varios artículos de la Ley de Migración (LM) que prevén la facultad de las autoridades para llevar a cabo tareas de revisión en la materia al interior del territorio nacional; solicitar documentos de identificación y situación migratoria, así como para presentar y alojar a personas extranjeras en estaciones migratorias; los cuales les fueron aplicados al momento de la detención migratoria y procedimiento administrativo al que fueron sujetas, durante su trayecto en autobús hacia el norte del país. El Juez de conocimiento sobreseyó en el juicio tras observar que el procedimiento administrativo ya había concluido y que la autoridad responsable había ordenado la salida de las personas de la estación migratoria, luego de haber acreditado su nacionalidad. Inconformes, quienes solicitaron el amparo interpusieron un recurso de revisión.

La Primera Sala de la SCJN resolvió que el procedimiento de revisión migratoria previsto en la LM es inconstitucional por ser contrario a los derechos de libre circulación y tránsito dentro del territorio nacional, así como a los de igualdad y no discriminación, debido a que es sobreinclusivo al no distinguir entre personas nacionales y extranjeras, además de generar impactos diferenciados en comunidades indígenas y afromexicanas. Esto debido a que, ante la falta de parámetros objetivos para llevar a cabo las revisiones, se posibilita que las autoridades migratorias realicen éstas de manera aleatoria con base en aspectos tales como el origen étnico, color de piel e idioma, lo que opera en perjuicio de los sectores referidos. Por otro lado, se reconoció la constitucionalidad de la facultad de la autoridad migratoria para solicitar documentos a las personas extranjeras a fin de acreditar su legal ingreso, estancia y salida del país. Ello, tras deliberar que no generan por sí mismos un efecto discriminatorio que estigmatice a las personas por sus características físicas o étnicas, sino que se trata de una facultad que tienen las autoridades de migración para vigilar el cumplimiento de las condiciones de ingreso y salida del país de las personas extranjeras, así como lo relativo a su estancia regular en el país. También se reconoció la constitucionalidad de las normas que posibilitan la puesta a disposición de un extranjero ante el Instituto Nacional de Migración cuando no acrediten su situación legal en el país, pues tal medida administrativa tiene como fin constitucional la regulación del ingreso y permanencia de personas extranjeras dentro del territorio nacional. Lo anterior, con el fin de regularizar su estancia en el país o para brindarles asistencia para su retorno, circunstancia que obliga a las autoridades migratorias a presentarlas de forma razonable, previsible y proporcional, conforme al principio de no arbitrariedad en la privación de libertad de personas migrantes. Finalmente, se estableció que las personas solicitantes de amparo gozan del derecho a exigir una reparación integral del daño frente a la acreditación de la responsabilidad del Estado, en su calidad de víctimas y conforme a la Ley General en la materia, tras deliberar que, en este caso, la actuación de las autoridades de migración constituyó una violación a los derechos humanos en contra de personas indígenas, entre las cuales se encontraba una menor de edad.

Datos de la Sentencia:
Amparo en Revisión 928/2019

Tema

Derecho a la consulta previa, libre e informada

Sinópsis

Representantes de un pueblo indígena, asentados en la Sierra Norte del Estado de Puebla, conforme a su sistema normativo interno, promovieron un amparo solicitando, entre otras cosas, la inconstitucionalidad de la Ley Minera, al no prever en la misma el derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas.

La Segunda Sala de la SCJN indicó que la Ley Minera no era inconstitucional al no tener un señalamiento expreso en la misma respecto al derecho a la consulta, lo anterior con base a que dicha obligación se encuentra prevista en la Constitución Federal y en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo. Señalando que eso aplica para todas las materias, sin necesidad de crear una ley secundaria lo cual sería reducir dicha obligación a un texto de menor jerarquía.

Datos de la Sentencia:
Acción de Inconstitucionalidad 291/2020

Tema

Derecho a una consulta previa

Sinópsis

La CNDH demando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas, al considerarlas contrarias a la Constitución Federal.

El Pleno de la SCJN invalidó los capítulos relativos a la educación indígena e inclusiva de la ley en mención, ya que dichos preceptos afectaban directamente los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad, existía la obligación de consultar a dichos grupos de manera previa a la expedición de las leyes, de conformidad con los artículos 1º y 2º de la Constitución Federal, 6 del Convenio 169 de la OIT y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual no fue llevado a cabo. Así, se invalidaron únicamente los preceptos impugnados y no la totalidad de las legislaciones. Los Congresos estatales deberán llevar a cabo las consultas correspondientes y entonces emitir disposiciones.

Datos de la Sentencia:
Acción de Inconstitucionalidad 121/2019

Tema

Derecho a una consulta previa

Sinópsis

La CNDH demando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley General de Educación (LGE), al considerarlas contrarias a la Constitución Federal.

El Pleno de la SCJN invalidó los artículos 56, 57 y 58, contenidos en el Capítulo VI “De la Educación Indígena”, así como los artículos 61 a 68, contenidos en el Capítulo VIII “De la Educación Inclusiva”, del Título Tercero de la LGE, pues determinó que, al incidir directamente en los derechos e intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y de las personas con discapacidad, existía la obligación de consultar a estos grupos previo a la expedición de la ley, de conformidad con los artículos 2° de la Constitución Federal, 6 del Convenio 169 de la OIT y 4, numeral 3, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual no fue llevado a cabo.
Es importante decir, que solamente se declararon inválidos los preceptos mencionados y no toda la legislación en materia educativa. El Congreso de la Unión deberá llevar a cabo las consultas respectivas y emitir la regulación correspondiente dentro de 18 meses.

Datos de la Sentencia:
Amparo Directo 33/2020

Tema

Derecho de propiedad y derecho de posesión

Sinópsis

La Segunda Sala de la SCJN hizo de su conocimiento el presente asunto, el cual permitió determinar qué derechos deben prevalecer cuando entran en conflicto, por una parte, comunidades indígenas y por otra, ejidos o comunidades agrarias reconocidas por las autoridades agrarias, que también tienen población indígena, y tanto unas como las otras defienden sus derechos sobre las tierras, atendiendo a los artículos 2 y 27 de la Constitución Federal. Esta disputa ha generado una problemática social que ha escalado a instancias internacionales e incluso amerita que tanto la CIDH como la CoIDH emitan determinaciones (medidas cautelares y provisionales, respectivamente) en las que se ha destacado la gravedad de la situación que prevalece entre las comunidades que aquí se encuentran en conflicto.

La Segunda Sala de la SCJN consideró que el principal concepto de violación presentado por la quejosa es fundado. Por tal motivo, debe concedérsele el amparo para que el tribunal responsable deje sin efectos la sentencia reclamada y emita una nueva en la que, atendiendo los lineamientos dados sobre el derecho de posesión y propiedad para los pueblos y comunidades indígenas, se ocupe nuevamente del estudio de los agravios hechos valer por la comunidad recurrente. Además, se deberán requerir a las autoridades comunitarias, ejidales y estatales para que en el ámbito de sus competencias, emitan y lleven a cabo las providencias necesarias encaminadas a garantizar la paz entre los indígenas integrantes de esos entes agrarios. Finalmente, el Gobernador del Estado de Chihuahua deberá a través de las autoridades competentes para ello, supervisar el cumplimiento de la ejecutoria.

Datos de la Sentencia:
Amparo Directo en Revisión 4189/2020

Tema

Derecho al acceso pleno a una justicia penal desde una perspectiva intercultural

Sinópsis

Esta decisión emana de un juicio penal en el que se dictó una condena por la comisión del delito de despojo a una persona quien se autoadscribió como indígena. En su defensa, el imputado alegó que el inmueble pertenecía a una comunidad indígena y que por lo tanto su propiedad y posesión se regía por los usos y costumbres de esa comunidad que hacen irreprochable su actuar como hecho ilícito. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal de Apelación, por lo que el inculpado promovió un juicio de amparo directo, el cual le fue negado por el Tribunal Colegiado. En contra de esa resolución, interpuso un recurso de revisión.

La Primera Sala reiteró la obligación de órganos jurisdiccionales de analizar la manifestación de autoadscripción de las personas que se identifican como miembros de una comunidad indígena, con el fin de proteger el acceso pleno a una justicia penal desde una perspectiva intercultural. En el caso, se revocó la resolución impugnada, toda vez que el tribunal de amparo omitió pronunciarse sobre la autoadscripción del inculpado a una comunidad indígena y no cumplió con los precedentes que obligan a la autoridad judicial a indagar cuáles son las costumbres y especificidades de la comunidad a la que se vincula la persona inculpada que han podido influir en el desarrollo de los hechos atribuidos, la materialización de los elementos objetivos o subjetivos del tipo, los aspectos de los que depende la culpabilidad del acusado, entre otras cuestiones, para poder concluir si su conducta es o no sancionable penalmente.

Datos de la Sentencia:
Acción de Inconstitucionalidad 285/2020

Tema

Derecho a una consulta previa

Sinópsis

La CNDH demandando la invalidez del Decreto Número 739, por el que se adicionaron un tercer, cuarto, quinto y sexto párrafos, recorriéndose los últimos, del artículo 7° de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado el 30 de septiembre de 2020.

El Pleno de la SCJN invalidó el Decreto 739 en comento pues la reforma regulaba diversas cuestiones relativas a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas asentadas en el estado, entre las cuales destacaba el reconocimiento de su existencia, derechos en general, personalidad, libre determinación, autonomía, desarrollo, e inclusión. Se determinó que, al incidir directamente en los derechos e intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, existía la obligación de consultar a estos grupos previo a la expedición de la ley, de conformidad con los artículos 2° de la Constitución Federal y 6 del Convenio 169 de la OIT, lo cual no fue llevado a cabo conforme a los parámetros y características previamente establecidos por la SCJN en precedentes. La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a los 18 meses siguientes a la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Poder Legislativo del Estado, el cual, dentro del referido plazo, previo desarrollo de las respectivas consultas.