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Sentencias relevantes en materia de Derechos Humanos: Personas, pueblos y comunidades indígenas

Datos de la Sentencia:
Amparo en Revisión 928/2019

Tema

Derecho a la consulta previa, libre e informada

Sinópsis

Representantes de un pueblo indígena, asentados en la Sierra Norte del Estado de Puebla, conforme a su sistema normativo interno, promovieron un amparo solicitando, entre otras cosas, la inconstitucionalidad de la Ley Minera, al no prever en la misma el derecho a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas.

La Segunda Sala de la SCJN indicó que la Ley Minera no era inconstitucional al no tener un señalamiento expreso en la misma respecto al derecho a la consulta, lo anterior con base a que dicha obligación se encuentra prevista en la Constitución Federal y en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo. Señalando que eso aplica para todas las materias, sin necesidad de crear una ley secundaria lo cual sería reducir dicha obligación a un texto de menor jerarquía.

Datos de la Sentencia:
Amparo en Revisión 272/2019

Tema

Derecho a la educación

Sinópsis

Este asunto versa sobre el derecho a una educación primaria inclusiva para una niña con discapacidad, perteneciente a una comunidad indígena en el Estado de México, pues se le obligaba a recibir educación básica en el Centro de Atención Múltiple.

La Segunda Sala resolvió que las personas con discapacidad tienen el derecho de estar, aprender y participar en la escuela sin ser discriminados, con todos los apoyos y ajustes razonables necesarios, por lo que, se determinó que la niña debe ser inscrita en la escuela primaria de su comunidad. El Estado, a nivel federal y local, debe hacer lo necesario para garantizar la educación inclusiva de todas las niñas, niños y jóvenes en México.

Datos de la Sentencia:
Amparo en Revisión 805/2018

Tema

No discriminación

Sinópsis

Una persona presentó una demanda de amparo contra diversas autoridades, por la omisión de iniciar el procedimiento legislativo, de presentar iniciativa de ley y realizar actos administrativos necesarios para dar cumplimiento a lo ordenado por el artículo 4, incisos a) y b) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, así como la omisión de discutir y aprobar la iniciativa correspondiente, a fin de que se tipifiquen en la legislación penal federal como delito aquellas conductas de discriminación racial.

La Primera Sala resolvió que resultaba obligatorio que las autoridades responsables emitan legislación conforme a dicha Convención y atiendan las observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, pues la normativa federal no es suficiente para tener por cumplidas las obligaciones consagradas en los incisos a) y b) de la Convención, sugerencias y recomendaciones generales, debido a que no prevé la posibilidad de sancionar, en los términos de la Convención, los actos de difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, la incitación a la discriminación racial, los actos de violencia o la incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, ni la asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación. El Estado Mexicano debe cumplir debidamente las obligaciones internacionalmente asumidas, la observancia no sólo del artículo 4° de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, sino también de las recomendaciones realizadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y observaciones generales, según lo prescrito en el artículo 4 de la Convención.

Datos de la Sentencia:
Amparo Directo 6/2018

Tema

Derecho a la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas

Sinópsis

Este asunto derivó de un conflicto que surgió por el pastoreo del ganado propiedad un hombre en un área vedada de una comunidad indígena de Oaxaca, a la que pertenece. La autoridad comunitaria lo sancionó por los daños que ocasionó su ganado, sin embargo, el hombre denunció penalmente a distintos miembros de la asamblea general de la comunidad. La fiscalía abrió una carpeta de investigación y luego la judicializó ante un juez de control pero los miembros de la comunidad solicitaron a las autoridades penales que se abstuvieran de conocer de los hechos, pues estimaron que las sanciones que emitieron escapaban del ámbito penal, al haberse dictado conforme a sus usos y costumbres. Debido a que el juez y el fiscal desestimaron la petición, representantes de la comunidad promovieron un Juicio de Derecho Indígena ante la Sala de Justicia Indígena en aras de validar su determinación. La Sala dictó sentencia en la que reconoció la jurisdicción de la comunidad aunque ordenó a las autoridades penales que se inhibieran de conocer de los hechos. Inconforme, la comunidad promovió amparo para defender la constitucionalidad de la resolución reclamada.

La Primera Sala de la SCJN validó por primera vez la jurisdicción especial indígena para conocer de ciertos hechos sobre la jurisdicción ordinaria penal, en aras de dar cumplimiento a la encomienda de eliminar una de las barreras que históricamente han tenido. Se consideró que ambas jurisdicciones son parte del reconocimiento del pluralismo jurídico que caracteriza a México. Se sostuvo que los factores que determinan en un caso concreto si éste corresponde a la jurisdicción especial indígena, o bien, a la jurisdicción ordinaria son factores personales, territoriales, objetivos e institucionales, que deben analizarse en forma conjunta.

Datos de la Sentencia:
Acción de inconstitucionalidad 123/2020

Tema

Derecho a una consulta previa, libre e informada

Sinópsis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandó la invalidez del Decreto 265 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos Indígenas del Estado de Nuevo León (ahora Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas de dicha entidad), por considerarlas contrarias a la Constitución Federal.

El Pleno en sesión remota efectuada a través del sistema de videoconferencia, invalidó el Decreto en mención pues su contenido incidía directamente en los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, por lo que, conforme a los artículos 2° de la Constitución Federal y 6 del Convenio 169 de la OIT, las autoridades locales se encontraban obligadas a realizar una consulta de forma previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe en la que participaran dichos grupos. Por tanto, se deberá llevar a cabo la consulta, conforme a los estándares planteados.

Datos de la Sentencia:
Controversia Constitucional 30/2018

Tema

Derecho a la consulta previa, libre e informada

Sinópsis

El Municipio de Cuautla, Morelos, demando la invalidez del Decreto 2341 por el que se crea el Municipio de Tetelcingo, del mismo Estado, por considerar violados algunos derechos humanos consagrados en la Constitución Federal.

El Pleno de la SCJN invalidó el Decreto 2341 por el que se crea el municipio de Tetelcingo, Morelos, considerado como municipio indígena por la legislación del estado. Lo anterior porque se consideró que en el procedimiento legislativo se violó el derecho humano a una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, establecido en el Convenio número 169, de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Por lo tanto, se ordenó llevar a cabo la respectiva consulta previo a resolver sobre la creación del Municipio.

Datos de la Sentencia:
Amparo en Revisión 601/2018

Tema

Derecho a una consulta previa e informada

Sinópsis

Pobladores del Istmo de Tehuantepec presentaron un amparo en contra de las secretarías federales de Energía, Gobernación, Medio Ambiente y Recurso Naturales, Relaciones Exteriores, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como contra el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y las comisiones para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y la Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por haber otorgado permisos para la instalación de un parque eólico a una sociedad, al estimarlo violatorio a su derecho a una consulta previa.

La Primera Sala al considerar el carácter previo de una consulta, concluyó que en el caso, los requisitos fueron colmados y la consulta sí fue realizada de manera previa e informada debido a que las autoridades proporcionaron información a la comunidad antes y durante el desarrollo de la consulta y fueron realizados talleres para informar a la comunidad sobre las implicaciones del proyecto. Con lo anterior se permite a los desarrolladores avanzar en los trámites administrativos del proyecto a la vez que evita que la comunidad sufra cualquier daño por la ejecución de un proyecto que no les ha sido consultado.

Datos de la Sentencia:
Amparo en Revisión 365/2018

Tema

Derecho a un medio ambiente sano

Sinópsis

La comunidad indígena de Bacánuchi solicitó un amparo contra la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ya que otorgó la autorización para construir y operar una nueva presa de jales mineros, sin haber realizado una consulta a los integrantes de la comunidad.

La Segunda Sala concluyó que se debió garantizar el derecho a la consulta y participación en todas las fases de planeación y desarrollo del proyecto, toda vez que se puede afectar el medio ambiente del territorio en que habitan y otros derechos esenciales para su supervivencia.

Datos de la Sentencia:
Amparo en Revisión 213/2018

Tema

Derecho a la consulta previa

Sinópsis

Una comunidad indígena zapoteca argumenta que no se respetó su derecho a la consulta previa que les asiste, ya que se implementó, ejecutó y promovió un proyecto para generar energía eléctrica, antes de emitirse las autorizaciones y permisos correspondientes.

La Primera Sala concluyó que el proceso de consulta se realizó de buena fe y, además, se obtuvo el consentimiento de la comunidad indígena; además que al haberse desestimado las causales de improcedencia hechas valer, y dado lo infundado e inoperante de los argumentos se confirmó la sentencia recurrida y se negó el amparo.

Datos de la Sentencia:
Amparo en Revisión 786/2018

Tema

Derecho a una consulta

Sinópsis

Miembros de la comunidad indígena San Francisco Xochicuautla argumentan que no se les respeto su derecho a la libre determinación, derivado de la ausencia de consulta para desarrollar el proyecto para la construcción de carretera que conectaría Toluca-Naucalpan; asimismo argumentan que la construcción y operación del proyecto implica una violación de sus derechos humanos al territorio y la integridad cultural.

La Segunda Sala determinó revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento del juicio de amparo, respetando el derecho que les asiste a las comunidades indígenas de consulta previa.