Sentencias relevantes en materia de Derechos Humanos:

Datos de la Sentencia:
Amparo Directo en Revisión 6834/2016

Sinópsis

Una persona que fue condenado por el delito de trata de personas, impugnó la constitucionalidad del artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos ya que viola el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, toda vez que, mientras el tratado internacional exige la prueba de la actualización de los medios comisivos del delito de trata cuando la víctima es un menor, el artículo 13 no establece esa exigencia.

La Primera Sala resolvió que en los casos de trata de personas, cuando la víctima del delito sea una niña, niño o adolescente es irrelevante el medio del que se haya valido el sujeto activo (engaño, violencia, aprovechamiento de vulnerabilidad, daño o amenaza) para lograr el resultado, puesto que comete el delito el que se beneficie de su explotación por cualquier medio. Se sostuvo que el aludido protocolo obliga a los Estados a legislar para crear tipos penales que sancionen la trata de personas. Así, el hecho de que se establezca que no se requerirá la comprobación de los medios comisivos del delito no vulnera el artículo 3º del Protocolo; por el contrario, se trata de una medida adecuada para cumplir con los objetivos delineados en el tratado internacional.

Datos de la Sentencia:
Amparo Directo 29/2016

Sinópsis

Una señora presentó una solicitud de restitución internacional respecto de su hija, quien había sido sustraída ilegalmente por el padre. Ante la orden de restitución, el padre promovió un juicio de amparo impugnando la constitucionalidad del Convenio de la Haya por estimar que resultaba una afrenta a la soberanía nacional y no lograba proteger el interés superior de la niñez, además de denunciar que en el caso debía considerarse que la convivencia de la niña con su madre la sometería a un grave riesgo, dado el estilo de vida de la progenitora.

La Primera Sala resolvió que es constitucional el Convenio de la Haya en materia de procedimiento probatorio en casos de restitución internacional de menores. Se destacó que el hecho de que no se deba recurrir a procedimientos concretos para probar la vigencia de la legislación o el reconocimiento de decisiones extranjeras, como lo sostiene el tratado internacional, tiene como finalidad agilizar el procedimiento de restitución.

Datos de la Sentencia:
Amparo Directo en Revisión 1388/2016

Sinópsis

Una persona solicitó que su padre le pagara retroactivamente los alimentos a los que tenía derecho cuando era un menor de edad.

La Primera Sala determinó que una persona mayor de edad tiene derecho a demandar de manera retroactiva el pago de alimentos que no recibió siendo menor de edad. En virtud de la condición de menor de edad y del lazo de filiación entre hijos y progenitores surge el derecho de recibir alimentos, y en tanto se intenta proteger este derecho, es posible exigir el pago retroactivo de los alimentos que no se subsanaron. Así, la posibilidad de reclamar el pago de los alimentos no se circunscribe a la esfera de la minoría de edad.

Datos de la Sentencia:
Contradicción de Tesis 211/2016

Sinópsis

El asunto versa sobre el delito de violación que se cometió contra un menor de edad, al que se le coacciono a penetrar analmente al sujeto activo en la violación.

La Primera Sala resolvió que se actualiza el delito de violación contra menores de edad independientemente de la forma en que ocurra la cópula, es decir, si el agresor penetra a la víctima u obliga a que la víctima lo penetre. Independientemente de la forma en que se realice la agresión, se vulnera la libertad sexual de la victima, pues se le priva su derecho a decidir sobre su sexualidad.

Datos de la Sentencia:
Amparo Directo 5/2016

Sinópsis

Una madre de un menor de edad demando responsabilidad civil al un centro de educación en el que se encontraba el menor, toda vez que el niño de preescolar, bajo el cuidado del instituto educativo y dentro de sus propias instalaciones, sufrió diversas lesiones en la cabeza, frente, pómulos y espalda, derivado de diversos incidentes y, además, recibió maltrato del personal y no obtuvo la instrucción académica por falta de asignación del profesor del grupo.

La Primera Sala resolvió que en el presente caso existió un daño al infante por negligencia escolar e incumplimiento del servicio educativo. Las instituciones educativas y su personal tienen el deber de diligencia profesional en vista del interés superior de la niñez y el derecho a su protección integral, mediante la observancia de los estándares de dignidad, integridad, educación y no discriminación. El instituto deberá pagar el daño moral causado al niño.

Datos de la Sentencia:
Acción de Inconstitucionalidad 3/2016

Sinópsis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugno algunas leyes locales que establecían un cobro por el registro de menores.

El Pleno resolvió que las normas estatales que contengan este tipo de cobro o multas son inconstitucionales. Se determinó que el registro y la primera acta de nacimiento son gratuitos y no se pueden condicionar a un plazo. Además de que en México hay un gran índice de no registros y, todavía establecer una carga para hacerlo, lejos de favorecerlo, alejara a la gente de realizar el registro. Además, se aclaró que cuando el registro y la expedición se hace en horario extraordinario y fuera de la Oficina de Registro, se hará un cargo pero ése no se trata de un cobro por la expedición del acta, sino por el gasto que implica para el municipio, es decir, para que se cubran los gastos que los funcionarios hacen por dar ese servicio personalizado.

Datos de la Sentencia:
Acción de Inconstitucionalidad 7/2016

Sinópsis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugno algunas leyes locales que establecían un cobro por el registro de menores.

El Pleno resolvió que las normas estatales que contengan este tipo de cobro o multas son inconstitucionales. Se determinó que el registro y la primera acta de nacimiento son gratuitos y no se pueden condicionar a un plazo. Además de que en México hay un gran índice de no registros y, todavía establecer una carga para hacerlo, lejos de favorecerlo, alejara a la gente de realizar el registro. Además, se aclaró que cuando el registro y la expedición se hace en horario extraordinario y fuera de la Oficina de Registro, se hará un cargo pero ése no se trata de un cobro por la expedición del acta, sino por el gasto que implica para el municipio, es decir, para que se cubran los gastos que los funcionarios hacen por dar ese servicio personalizado.

Datos de la Sentencia:
Acción de Inconstitucionalidad 36/2016

Sinópsis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugno algunas leyes locales que establecían un cobro por el registro de menores.

El Pleno resolvió que las normas estatales que contengan este tipo de cobro o multas son inconstitucionales. Se determinó que el registro y la primera acta de nacimiento son gratuitos y no se pueden condicionar a un plazo. Además de que en México hay un gran índice de no registros y, todavía establecer una carga para hacerlo, lejos de favorecerlo, alejara a la gente de realizar el registro. Además, se aclaró que cuando el registro y la expedición se hace en horario extraordinario y fuera de la Oficina de Registro, se hará un cargo pero ése no se trata de un cobro por la expedición del acta, sino por el gasto que implica para el municipio, es decir, para que se cubran los gastos que los funcionarios hacen por dar ese servicio personalizado.

Datos de la Sentencia:
Acción de Inconstitucionalidad 22/2016

Sinópsis

La Comisión Estatal de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad para demandar la invalidez de diversas disposiciones del Código Civil del estado de Aguascalientes que, derivado de algunas reformas, estableció que la edad mínima para contraer matrimonio sería de 18 años, para evitar que las y los jóvenes contrajeran nupcias. La Comisión Estatal estimó que dicha reforma violaba convenciones internacionales al eliminar las dispensas judiciales argumentando que, en ciertos casos, el matrimonio permite la autonomía personal y que negar las uniones formales restringe otros derechos.

El Pleno determinó que no se había violado ninguna convención internacional al eliminar el matrimonio infantil y las dispensas judiciales y que debía atenderse el interés superior del menor y pugnar por la abolición paulatina del matrimonio infantil en México. Se debe dispensar a menores de edad para contraer matrimonio, ya que existen otras normas convencionales que, al regular el derecho al matrimonio, no autorizan los matrimonios infantiles o precoces, ni prevén dispensas. Esto porque vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad, al constituir precisamente una protección temporal para que aquéllos puedan disfrutar, en esa etapa de sus vidas, de los derechos propios de la niñez y de la adolescencia, y tengan oportunidad de desarrollarse de forma plena.

Datos de la Sentencia:
Acción de Inconstitucionalidad 39/2015

Sinópsis

Este asunto analiza la validez del artículo 86, fracción XIV, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, concretamente para determinar si exhibir a menores de edad ante los medios de comunicación es una acción contraria al interés superior de la infancia, presunción de inocencia y a los esquemas de los procedimientos de justicia integral para menores.

El Pleno declaró invalida la porción impugnada, debido a que el interés superior del menor es un derecho humano y exige una normativa devenida del principio de autonomía personal. De esta manera, resulta una directriz dirigida a los poderes públicos para garantizar y maximizar –mediante la emisión y aplicación de normas jurídicas, la creación de instituciones, la emisión de actos administrativos, entre otros, la protección de dicho principio. En tal sentido, al tratarse de medidas legislativas o administrativas, debe haber un escrutinio más estricto para su legitimidad constitucional que evidencie su adecuación, necesidad y proporcionalidad. Por lo anterior, se determinó: 1) la medida no abonaba un efecto benéfico en el desarrollo de la personalidad del menor, sino un estigma que puede dañar significativamente el desarrollo de su autonomía personal, y aun en el caso del consentimiento del menor, puesto que no podría advertir la generación de un daño severo en la personalidad de éste; 2) se viola el principio de presunción de inocencia en su vertiente de trato procesal, ya que se permite que se exponga públicamente como un sujeto infractor antes de que se le dicte una sentencia definitiva y 3) es violatorio del sistema de justicia integral para menores, porque la medida no sigue un fin educativo y sí un fin estigmatizador en detrimento del propósito de reinserción social.