Conforme a ese precepto, cuando un órgano jurisdiccional de amparo —como la Suprema Corte de Justicia de la Nación— advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, deberá dar vista a la persona quejosa para que, en un plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga.
En este apartado se incorporan aquellos proyectos con los que, por acuerdo presidencial, se da vista a la parte quejosa para que exprese lo que estime pertinente respecto de una causal de improcedencia advertida de oficio.